La disyuntiva ahora es subir el IVA, golpeando a todos los salvadoreños, o bajar los gastos del gobierno, que a partir de Funes incrementaron las planillas estatales en casi cuarenta mil nuevos empleados, seguramente con la idea de asegurar sus votos en 2018 a costa de los impuestos que paga el pueblo.
El IVA, bien aplicado, es el tributo más justo de todos, pues grava el consumo pero no la formación de capital, que es el elemento básico para el crecimiento.
Pero el gran problema es que aquí se quiere incrementar el IVA pero dejando los otros impuestos, con los cuales se exprime a la gente. Y mientras esto sucede, los que están en el poder siguen gastando en lo suyo, subiendo los salarios de la burocracia, prestando más dinero y clamando por un “pacto fiscal”, que para ellos es aprobar lo que piden sin dar nada a cambio.
Con ese incremento al IVA o sin él, marchamos inexorablemente al impago, lo que puede llevar a una intervención de los acreedores como sucedió en tiempos del general Hernández Martínez, cuando las aduanas fueron tomadas pues una de las pocas entradas seguras de dinero eran los impuestos de importación.
Se cuenta que en una ocasión la esposa del general, doña Concha, se valió de su posición para “meter”, libre de cargos, unas cuantas maletas. De inmediato los cobradores informaron al general lo sucedido, lo que él lamento y prometió que tal cosa no iba a volver a suceder.
Una intervención de esa naturaleza, hasta donde sabemos, no se ha vuelto a dar, pero sí es imaginable que los acreedores fiscalicen las entradas de Hacienda y obliguen a que el gobierno les entregue una porción de lo recaudado, con las lógicas consecuencias: un desbarajuste fiscal de grandes proporciones.
Como marineros borrachos
se pusieron a gastar lo ajeno
Como hemos dicho, la extrema izquierda se instaló en el poder pensando que el país desbordaba de riquezas, que éstas se hallaban “mal distribuidas”, que todo era caerle encima a cuanto centavo se pudiera y las cosas seguirían igual, como sucede en los pequeños negocios donde los hijos meten mano en las registradoras creyendo que dinero siempre habrá.
Aquí hemos llegado a lo mismo, con cada grupo social empeñado en ordeñar la vaca pública, la “res pública”, en su provecho, usando todos los mecanismos de fuerza con que disponen, desde cerrar los servicios en los hospitales, suspender clases en las escuelas, bloquear calles o chantajear con penas a los evasores, los haya o no.
Un verdadero pacto fiscal, imposible de lograr, es que todos acuerden dejar los conflictos y permitir que la economía haga lo suyo. En los tiempos modernos eso se dio a plenitud en Alemania después de la guerra, cuando los sindicatos acordaron no pedir aumentos salariales.
El resultado fue que al final de esos años, hasta la llegada de Helmut Schmidt, los salarios permanecieron estancados, pero el valor adquisitivo de ellos se había casi cuadruplicado, el desempleo era muy bajo, lo que dio lugar a la entrada de masas de inmigrantes (lo que ahora lamentan muchos) y el país se repuso sustancialmente de la destrucción de la Segunda Guerra.
Casi lo peor que puede sucederle a un país en caer en manos de gente que no sabe trabajar, que administra a la diabla los recursos que caen en sus manos y que además pontifica sobre distribución de la riqueza y otras zarandajas.