A cuatro meses que el Fondo Monetario Internacional (FMI) planteara varias recomendaciones al Gobierno de El Salvador, entre ellas la de un pacto fiscal con la oposición política, la situación sigue prácticamente igual.
Una misión del FMI concluyó ayer una ronda de reuniones con representantes del Gobierno y los partidos políticos.
Esta ha sido la cuarta visita al país de una misión del organismo internacional en lo que va del año.
A finales de mayo, técnicos del FMI hicieron otra visita, tras la cual emitieron un informe de más de 35 páginas sobre la situación económica del país y señalaron como uno de los mayores obstáculos para superar la crisis fiscal y generar crecimiento económico la polarización política.
En su informe, el FMI también señaló otros frenos al desarrollo del país: el nivel elevado de delincuencia, el aumento del costo unitario de la mano de obra, los costos elevados de energía y de logística, las barreras al ingreso y a la expansión de empresas, la exposición elevada a desastres naturales, la incertidumbre fiscal y regulatoria y el nivel limitado de capital humano.
Para mejorar la situación, el organismo formuló varias recomendaciones: aumentar la tasa del IVA hasta el 15%, fortalecer las iniciativas para crear un impuesto predial, reducir el Impuesto Sobre la Renta a las empresas y cerrar las “lagunas legales” para reducir la informalidad y aumentar la base tributaria.
Ninguna de estas recomendaciones se ha concretado a la fecha. Por el contrario, el Gobierno afronta compromisos de pago por $178 millones que vencen en octubre, entre ellos $71 millones para el pago de pensionados del ISSS y del INPEP.
El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, ha dicho que el Gobierno carece de estos recursos y que si los diputados no autorizan nuevos préstamos, el país corre riesgo de caer en impago, o “default”.