El temor ante la violencia, que ahoga a los habitantes de los países del Triángulo Norte de Centroamérica, ha llevado a que más de 10,000 padres pidan a Estados Unidos que conceda refugio para sus hijos.
El Programa de Procesamiento de Refugiados/Permisos para Niños Menores en Centroamérica (CAM, por sus siglas en inglés) inició en 2014 ante la crisis de niños que habían sido detenidos en las fronteras de Estados Unidos. La mayoría de los niños huía de sus lugares de origen, ante la amenaza de ser una víctima más de la violencia, y buscaban ingresar sin papeles a dicho país para reunirse con sus padres.
Especial: Menores de edad deportados
Desde entonces, el 87% de las solicitudes que ha recibido la Oficina de Admisiones del Buró de Población, Refugiados y Migración (PRM) ha sido de padres salvadoreños que están en Estados Unidos bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS).
Kelly Gauger, directora adjunta de la PRM, informó que del total de solicitudes se ha concedido el estatus de refugiado a 1,200 personas, de las que 1,026 son salvadoreños. Además, a 3,000 se les ha concedido el estado de “entrada condicional”; de este grupo, 2,600 son de El Salvador.
“El 70% de los casos no cumple con requisitos de refugiados, pero si se enfrentan a daño potencial se les permite la entrada condicional a Estados Unidos”, explicó Gauger.
Un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) es quien determina si el menor de edad puede ingresar a Estados Unidos como refugiado o con permiso de permanencia temporal.
Solo los padres que estén de forma legal en Estados Unidos pueden inscribir a sus hijos al programa a través de las Agencias de Reasentamiento.
Al comprobar la legalidad del padre o madre, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) contacta a los niños para entrevistarlos, tomar su foto y datos. Aunque los padres no deben pagar para inscribirse al CAM, sí deben pagar la toma de prueba de ADN para comprobar su relación con el niño. Si la prueba es positiva, la oficina da un reembolso a los padres.
La decisión final se basa en el testimonio que el niño brinde al funcionario del DHS que viajará al país donde vive para entrevistarlo.
Para ser elegibles al estatus de refugiado deben comprobar que exista un miedo bien fundado de persecución. Hay casos en los que no se otorga refugio, pero sí el permiso de permanencia temporal.
Los niños también pasan por una revisión médica y se debe descartar su afiliación a pandillas.
El proceso puede durar un año, pero para muchos niños y sus familias la necesidad de huir es inmediata.
Del total de solicitantes, 155 niños no pudieron esperar a recibir una respuesta y viajaron de forma irregular a Estados Unidos.
Gauger expuso que en esos casos se descontinua el proceso, pero hay casos de niños que huyeron a países vecinos, como de El Salvador a Honduras, en los que sí se autorizó que el proceso continuara.
A partir de octubre se habilitará la expansión del programa CAM, que permite que junto a los niños apliquen su otro padre, aunque no esté casado con quien vive en Estados Unidos, sus hermanos mayores de 21 años o sus cuidadores, siempre y cuando tengan un parentesco.
Gauger admitió que, por el momento, no se podría cuantificar el impacto del programa CAM en cuanto a la situación de la migración irregular de los niños centroamericanos. Las aplicaciones aumentaron a partir del año pasado. Pero, al mismo tiempo, se han incrementado las deportaciones de niños y adolescentes desde México. Entre 2012 y 2015, un total 13,646 menores de edad han sido detenidos y deportados en su viaje hacia Estados Unidos.