Las pensiones vuelven a ser el blanco de un posible impago ante la falta de liquidez del Gobierno.
El secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana, dijo ayer que no cuentan con $70 millones que son necesarios para pagar el capital e intereses de los Certificados de Inversión Previsional (CIP) con los que se pagan las pensiones de los actuales jubilados.
Y sin ese dinero “no habrá pensiones”, advirtió ayer el funcionario, en declaraciones posteriores a los actos cívicos del 15 de septiembre.
Según Lorenzana, este costo extra se deriva del aumento a la tasa de interés para los CIP que los diputados reformaron en febrero pasado.
Antes de esta reforma el Gobierno pagaba a los cotizantes una tasa de interés basada en la Tasa Libor, que no superaba una rentabilidad de 1.4% para los trabajadores. Pero con la reforma, los diputados definieron que ésta subiera a 3.5% para las nuevas emisiones, lo que implica un mayor costo para el Estado.
Pero para los representantes del Comité de Trabajadores en Defensa de los Fondos de Pensiones (Comtradefop) esto solo es una excusa para no pagar lo que realmente corresponde.
“Subió la tasa de interés para emitir los CIP y ese dinero no estaba presupuestado. Son $70 millones”, dijo Lorenzana. “Hay que buscarlos”, dijo el lunes en una entrevista en el canal estatal.
Según Ricardo Soriano, presidente de este comité, el Gobierno sabía desde antes de 2015 que ya no podía seguir pagando una tasa de interés tan baja para los trabajadores por lo que debía ir a ajustando su presupuesto para acatar la resolución que se dio en 2014 por parte de la Corte Suprema de Justicia.
De acuerdo con Asafondos, de 2006 a 2014 el gobierno ha tomado prestados $4,776 millones a través de los CIP. Por este dinero ha pagado una tasa de interés que promedia el 1.4% y que resulta contraproducente para los cotizantes cuya futura pensión dependerá de esta rentabilidad.
Según Comtradefop, por esta baja tasa de interés los trabajadores han perdido más de $1,000 millones en beneficios para su pensión.
Esta tasa de interés, que ahora debe ser de 3.5% deberá subir a 5.5% en los próximos años, por lo que el Gobierno tendría que presentarlo como parte de su presupuesto este mes, cuando se presenta el plan de gastos para 2017.
“Esto debe estar presupuestado porque es un pago que debe hacer todos los años. No puede decir que no hay dinero”, ha expresado Soriano en ocasiones anteriores.
Hacienda ya había advertido antes que no tendría para pagar una mayor tasa de interés.
Deuda para pagar deuda
Adquirir una deuda para pagar otra es la primera solución que ha planteado el Gobierno para solucionar el pago de las pensiones.
En la comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa ya hay una solicitud para emitir una deuda por $105 millones, que serviría para pagar capital e intereses de los CIP y también para pagar subsidios.
La solicitud llega en momentos en que el Gobierno ya no puede emitir más Letras del Tesoro, o lo que comúnmente se considera la tarjeta de crédito del Gobierno.
A esta fecha el saldo de esa tarjeta ya superó los $1,000 millones, por lo que las alternativas de financiamiento se le han agotado.
Ley de responsabilidad fiscal sigue pendiente
Su otra tabla de salvación sería la emisión de $1,200 millones con los que podría “limpiar” la tarjeta de crédito de las Letes. Sin embargo, esta emisión depende de la aprobación de una Ley de Responsabilidad Fiscal que no avanza, a pesar de la urgencia que hizo el FMI.
Lorenzana dijo ayer que técnicamente el tema está resuelto, pero que lo que atrasa es un acuerdo político con ARENA, a quien se le dio un compás de espera para que eligieran a sus máximas autoridades en la cúpula del partido.
Y no solo son las pensiones. Aunado a esto, el Gobierno está reformando todo el sistema de subsidios al gas y a la energía eléctrica para tratar de recortar el gasto en este rubro y lograr ahorros.
Lorenzana aseguró que a quienes se ha sacado de la lista de beneficiarios son aquellos hogares con elevados ingresos financieros que tienen ranchos en las playas y negocios.
El FMI urgió en su visita al país que se resuelva cuanto antes el problema de liquidez y se busquen alternativas para lograr un equilibrio entre los gastos y los ingresos que percibe el Estado.