La medida aprobada ayer por la Asamblea generó una lluvia de críticas por considerar que se “confiscan” los fondos de pensiones de los trabajadores y que la deuda previsional no es la causante de la crisis fiscal que vive el país.
Asafondos (Asociación Salvadoreña de Fondos de Pensiones), Fusades (Fundación salvadoreña para el desarrollo económico y social) y Contradefop (Comité de trabajadores en defensa de los fondos de pensiones) emitieron comunicados criticando la reforma a la ley del FOP.
“Asafondos rechaza las intenciones del Gobierno de aprobar una reforma al Fideicomiso que obligue a los trabajadores a prestarle más dinero para pagar los intereses y capital que el mismo Gobierno ya les debe, evadiendo su responsabilidad de pago indefinidamente. Claramente esto es una confiscación al ahorro de los trabajadores”, expresó la gremial.
La asociación apuntó que con la reforma los trabajadores nunca recibirán el pago del capital e intereses de los más de $5 mil millones que obligatoriamente le han prestado al Gobierno a través del FOP. Para ellos, la medida implica un ciclo infinito de generación de deuda, la cual iría creciendo sin control en el tiempo y sin garantía de pago para los trabajadores.
“Los trabajadores ya perdieron $2 mil millones de dólares por la baja rentabilidad que el Gobierno les paga. Ahora, pretende no pagarles”, señaló.
Fusades, por su parte, consideró que el gasto en pensiones no es el responsable de la crisis social del país y afirmó que del total del incremento en el gasto, solamente 10% corresponde a pensiones.
“No es justificable echar mano a los ahorros de los trabajadores, ni debe usarse la reforma de pensiones como excusa de crisis fiscal”, afirmó.
Para Fusades, no ha habido voluntad ni seriedad en la búsqueda de mejoras paramétricas para darle sostenibilidad al sistema antiguo del ISSS y del INPEP.
Mientras tanto, Contradefop consideró que la reforma vulnera la Constitución por acudir ilegítimamente a la figura de dispensa de trámite; porque se necesita mayoría calificada para la contratación de deuda pública; y porque hubo violación a la prohibición de confiscación.
“La inconstitucionalidad es evidente”, indicó la gremial en un breve comunicado y anunció que presentará el lunes una demanda de inconstitucionalidad.