El sistema de salud pública salvadoreño tuvo presión alta, ayer, como consecuencia del paro o huelga en 18 de los 30 hospitales públicos del país, el cual fue organizado por tres de los más de 20 sindicatos que tiene el Ministerio de Salud (Minsal).
El resto de organizaciones sindicales, también, tienen sus propias manera de presionar, por ejemplo, mientras un grupo realizaba el paro en los hospitales, simultáneamente diez sindicatos del sector salud, el magisterio y seguridad pública, con respaldo del Colegio Médico, anunciaban una marcha para el próximo 29 de septiembre.
GALERÍA DE FOTOS: Protestas y cierres de hospitales al interior del país
Y casi al mismo tiempo, los directores de los hospitales públicos daban, en conferencia de prensa, un respaldo a las acciones del Ministerio en torno al escalafón.
¿Qué ha causado la crisis en salud pública?
La exigencia para que Salud aplique la Ley de Escalafón tiene peleando en diferentes frentes a los sindicatos y la mayoría coincide en que existe una crisis financiera y un alto endeudamiento del país.
El presidente del Colegio Médico, Juan Antonio Tobar, opinó que lo que ocurre es que “se hace un uso inadecuado de los recursos, se prioriza sobre lo que no es importante y se deja de lado lo importante”.
La ministra de Salud, Violeta Menjívar, ha declarado en diversas ocasiones que no tienen los $26 millones que necesitan de incremento en su presupuesto 2017 para pagar el beneficio salarial, y una de las opciones que ha dejado entrever para saldar el compromiso legal es reducir la compra de medicamentos.
Aunque luego se retractó y dijo que no sacrificarían ese rubro por el escalafón.
Jefaturas dan respaldo al Ministerio de Salud
La semana pasada 16 jefes de las principales dependencias de la cartera de Salud anunciaron públicamente que dejaban a criterio de las autoridades del Ministerio que les pagaran o no el incremento salarial. Ayer la acción fue replicada por los 30 directores de los hospitales públicos.
El director del hospital Bloom, Hugo Salgado, declaró que no pueden renunciar a los beneficios que les da la ley; pero dejan a discreción de las autoridades de Salud si se los otorgan o no.
Las jefaturas no han dicho si las autoridades de Salud les pidieron renunciar al beneficio económico; pero en el caso de los 30 directores de hospitales, se apartan de su derecho aduciendo que “el Gobierno sufre una asfixia económica”.
El argumento de los directores de los sanatorios es el mismo que ha venido repitiendo Menjívar y altos funcionarios del Ejecutivo, en el sentido que los problemas económicos los han provocado los evasores fiscales, y las sentencias que ha emitido la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.
“En consecuencia, se han limitado los fondos, dificultando, entre otras cosas, la inclusión del pago del escalafón en el Presupuesto General de la Nación para el año 2017; siendo un derecho ganado por los empleados del Ministerio de Salud, que a través de su lucha se ha constituido como ley”, dijo el director del Bloom, al leer la postura oficial de él y sus colegas.
Los directores hospitalarios opinan que sería conveniente hacer una revisión, a corto plazo, del escalafón para que pueda ser sostenible; sin embargo, no señalan si se debe de bajar el porcentaje de asignación o si solamente deberían dárselo a los empleados que menos ganan.
Pero para el sindicalista José Mauricio Ganuza, quien ayer protestó junto a otros de sus compañeros bloqueando la entrada del hospital de Usulután, el escalafón salarial no es negociable y dijo que están dispuestos a continuar ejerciendo presión hasta conseguir la aprobación del pago.
Los sindicalistas del hospital San Juan de Dios, de San Miguel, van más allá con su malestar y explicaron que les indigna que el presupuesto de Salud no sea incrementado, y sí a los del Órgano Judicial y Legislativo.
Empleados de hospitales molestos con sus jefes
Los anuncios de desistir del incremento del escalafón en las jefaturas y las direcciones de los 30 hospitales es calificado por los sindicalistas como un “show político”, porque los derechos son irrenunciables.
La directora del Hospital Sala Gertrudis, de San Vicente, Eva María Orellana, expresó que pese a la crisis financiera del sector, su deber hacia los trabajadores “es de acompañamiento” para que se les otorgue el escalafón el próximo año.
Pero el presidente del Colegio Médico expresó que si “un médico especialista que entra a trabajar por ocho horas, ya sea cirujano plástico, cardiovascular o radiólogo, ingresa con un salario neto de 900 dólares, entonces pedirle que renuncie, sabiendo que es su único beneficio es el escalafón, resulta de mal gusto”.
Tobar prefiere no llamarlo “show político; pero sí lo considera “una señal de debilidad, también es una aberración jurídica por cuanto legalmente se establece que los derechos de los trabajadores son irrenunciables”.
Añadió que una cosa es que las jefaturas obtengan el incremento que se les pueda otorgar por medio del escalafón y luego ellos donen el alza de sus sueldos.
Al respecto el director del Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, Ramón Ábrego, expuso:“Yo no puedo renunciar por ley; pero sí puedo depositarlo como una forma de solidaridad hacia el despacho (del Ministerio de Salud) o hacia los trabajadores”.
Esta es la segunda vez que los trabajadores de Salud Pública desarrollan una batalla legal para presionar al Gobierno que les pague el escalafón, una ley vigente a partir de marzo de 1994.
La primera vez que tuvieron que exigir el pago del beneficio fue en 2013.
Desde hace meses, los titulares de Salud están pidiendo a los diputados que les aprueben los préstamos pendientes de ratificar que le ayudarían en las finanzas al Gobierno.
En consonancia con esa postura, la directora del Hospital Nacional General de Chalchuapa, Katya Henríquez, pidió que “los actores políticos, que con sus acciones opositoras, provocan el desfinanciamiento del Estado, den muestra real de voluntad política”.
Empleados buscan esquivar las demandas judiciales
Para presionar al Gobierno a que los empleados de Salud reciban su incremento de salario con base al escalafón, los sindicalistas han sido muy cautelosos para evitar sanciones de tipo laboral o demandas en los juzgados, incluso, se han sentado a discutir con la ministra Violeta Menjívar.
La semana pasada, las protestas, marchas o concentraciones afuera del Ministerio de Salud las hicieron empleados que estaban en su tiempo libre.
Sin embargo, ayer, tres sindicatos cambiaron la táctica y suspendieron atenciones médicas.
Por ello, el director del hospital de Santa Ana aseguró que él acompañará a los pacientes que consideren demandar a los empleados, sindicalizados o no, por no darles la atención médica.
Agregó que el derecho constitucional a la salud fue vulnerado por las protestas que llevaron ayer los sindicalistas en los 18 hospitales a escala nacional; opinión similar dio Luis Enrique Fuentes, quien funge como director Nacional de Hospitales.
A pesar de las constantes declaraciones de los funcionarios de salud, que van desde los llamados al diálogo hasta las amenazas de sanciones, los sindicatos siguen firmes en su exigencia al pago del escalafón 2017.
Grupos como el Movimiento de Trabajadores está dando un nuevo empuje a su estrategia de presión y ha anunciado que junto a sindicatos de otros sectores, magisterio y seguridad pública, marchará el próximo 29 de septiembre para exigir el pago del escalafón, dijo Silvia Navarrete.
La lucha por conseguir el aumento incluye un paro de labores de mayor afectación, dijo Navarrete.
Agregó que mañana, sábado, se reunirán con sus agremiados para definir si llevan a cabo una huelga de tres días en los hospitales a nivel nacional y estarán a la espera que la próxima semana el Ministerio de Hacienda presente el Presupuesto General de la Nación y conocer si ha incluido el escalafón, que tendría que ser de 26 millones de dólares.
La cartera de Hacienda tiene hasta el 30 de septiembre para presentar el Presupuesto a la Asamblea Legislativa, y según dijo semanas atrás el ministro, Carlos Cáceres, el escalafón para los empleados de Salud es insostenible.
El presidente del Colegio Médico advirtió que las medidas que están realizando los empleados no tienen un vínculo político, sino que una causa objetiva.