Ayer se cumplieron tres meses (93 días) desde aquella madrugada del 1 de mayo en que una camioneta de Casa Presidencial (Capres) atropelló a Mario Alberto Cruz López, un motociclista, cerca de la colonia El Morral, en el kilómetro 36 de la carretera al Puerto de La Libertad.
Aunque a inicios de julio la familia de la víctima concilió por el homicidio culposo (sin intención) con Julio César Vargas Acevedo, abogado de Wilton Everardo García Reyes, miembro del Estado Mayor Presidencial y supuesto conductor del vehículo, varios delitos se habrían cometido por el proceder en el caso, según el Fiscal General, Douglas Meléndez, y el abogado Francisco Bertrand Galindo, consultado por este medio. A pesar de ello no hay ninguna acusación contra nadie.
De acuerdo con las investigaciones, el conductor de la camioneta placa P-19-966, huyó del accidente, limitándose a apartar la motocicleta en la que viajaba Cruz López.
El sujeto se puso en marcha y abandonó el automotor kilómetros después. Al lugar llegaron, luego de algunas horas en el pick up P 311-504, al menos cuatro hombres que se identificaron como miembros de seguridad del Estado Mayor Presidencial, quienes les dijeron a agentes de tránsito que estaban en la zona que se llevarían la camioneta.
En ese sentido, Bertrand Galindo manifestó que se habría recurrido al delito de fraude procesal. Este ocurre, según el Código Penal, cuando se altera el “estado de lugares, posición o condición de las personas, cosas o cadáveres con el fin de engañar en el acto de la inspección”.
Además, se habría cometido encubrimiento y complicidad. El primero se da cuando una persona elude las investigaciones y el segundo cuando alguien ayuda al ocultamiento de pruebas con el objetivo de perpetrar un delito.
Asimismo podrían haberse cometido actos arbitrarios, que consiste en que un funcionario o empleado público en el desempeño de su labor cometa actos ilegales; e incumplimiento del deber: cuando un funcionario o autoridad omita ilegalmente, rehuse a realizar o retarde algún acto propio de su función.
Respecto al caso, el Fiscal General señaló que había un intento de manipulación y que Capres no podía estar encubriendo a un irresponsable.
Mientras que la Presidencia ha puesto reserva al caso y hasta el momento no ha revelado el nombre de quien manejaba la camioneta, pese a que en un inicio el Secretario de Comunicaciones, Eugenio Chicas, escribió tras el accidente en su cuenta de Twitter que el motorista debía responder y que nadie “está por encima de la ley”.
No obstante cuando a finales de junio representantes de la Fiscalía llegaron a Capres para incautar el libro de registros de entrada y salida de vehículos, la Presidencia dijo que los documentos no estaban en ese lugar, sino que en el Estado Mayor Presidencial, en el barrio San Jacinto.
Antes que el Ministerio Público los solicitase, un militar se acercó a la oficina fiscal de Zaragoza, donde se ventila la investigación, y entregó los libros, sin embargo, en ellos no aparecían registros de la camioneta que mató al motociclista hace 93 días.