La semana pasada, la Fiscalía General de la República (FGR) lanzó el operativo “Jaque”, con el que judicializó una investigación sin precedentes en el país en contra de la Mara Salvatrucha (MS-13). Lo novedoso del caso es que las indagaciones se enfocaron en las finanzas de la pandilla, dejando al descubierto su sofisticación delictual y el rol fundamental de los cabecillas – mismos involucrados en negociar “la tregua” con el gobierno – en dirigir y perpetuar las actividades criminales de las estructuras delictivas bajo su mando. La FGR ha dado un paso firme en la dirección correcta, alejando la estrategia antidelincuencial del Estado del abordaje populista trazado por el Ejecutivo, que se basa principalmente en el despliegue de batallones mixtos de policías y militares uniformados.
Los detalles de la investigación de la FGR, revelados a través de los reportes periodísticos del proceso judicial, dejan en evidencia que:
1. Los cabecillas pandilleros que participaron en la negociación iniciada por el gobierno de Mauricio Funes, sofisticaron sus actividades criminales e incursionaron en modalidades delictuales más complejas y lucrativas. Esto indica que su pacto con el Ejecutivo no era más que otro negocio, con el cual buscaban obtener beneficios que les permitieron profundizar y ampliar sus patrones criminales.
2. Los principales beneficiados de las actividades delictivas de las pandillas son los cabecillas de dichas agrupaciones. Esto no es nada nuevo. Hay diversos estudios realizados en diferentes contextos culturales que demuestran que el dinero generado a través de delitos beneficia desproporcionalmente a los que ostentan posiciones de poder en relación a los que realizan el trabajo operativo. Esta es la razón por la que la versión de “la tregua” fabricada por el gobierno y difundida por los voceros reclutados para ese fin, resultaba poco creíble. Era ilógico que los principales beneficiados de las actividades criminales de las pandillas, sin renunciar a sus posiciones privilegiadas dentro de la estructura delictual, tuviesen un interés genuino de que sus organizaciones dejaran de cometer delitos.
3. Según el mismo arquitecto de la negociación con los cabecillas pandilleros, David Munguía Payés, generar las condiciones que posibilitaran el fortalecimiento del control y la influencia de los cabecillas pandilleros, fue vital para “la tregua”. Munguía, en varias ocasiones, ha afirmado que, por ejemplo, trasladar a los cabecillas a penales con protocolos de seguridad menos estrictos era crucial para que éstos se asegurasen que sus agrupaciones respetaran los pactos acordados. Indudablemente, esto contribuyó a la sofisticación delictual de las pandillas.
La literatura criminológica que examina la evolución pandillera enfatiza la importancia de estudiar a la MS-13 de El Salvador precisamente por el papel fundamental que juegan los mandos en la evolución de sus grupos. Fortalecer el control de los cabecillas en el marco de “la tregua” potenció su poder al interior de sus organizaciones y, en consecuencia, permitió que las comandaran a su conveniencia, lo que implicó una sofisticación criminal.
4. Las pandillas han logrado penetrar en negocios lícitos y en el sector político. La investigación revela que los cabecillas pandilleros utilizan testaferros para crear y operar negocios legales. Además, su vinculación con figuras políticas ha quedado clara. El principal financiero de la MS-13 trabajó en la Alcaldía de Ilopango y una diputada de oposición firmó una “certificación de honorabilidad” para uno de los capturados. Ambos funcionarios son de ARENA, pero la negociación inicial la entabló el FMLN. Ningún partido está inmune al atractivo de las pandillas.
Es importante reconocer que la FGR ha dado un paso en la dirección correcta. Este es el primer caso en el que diferentes unidades especiales de la FGR colaboran bajo la misma dirección. Los resultados son esperanzadores.
*Criminólogo
@cponce_sv