Las autoridades brasileñas ordenaron nuevos procedimientos contra la constructora brasileña Queiroz Galvao, contratada en 2013 durante el gobierno de Funes para la expansión de la represa 5 de Noviembre en El Salvador y que ha sido vinculada a la red de corrupción que operó en la petrolera estatal Petrobras.
La empresa, que fue contratada durante la administración de Leopoldo Samour al frente de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), fue blanco ayer de una nueva fase de la operación “Lava Jato”, que investiga los gigantescos desvíos de dinero en la petrolera estatal, en la que resultaron detenidos dos directores de la firma.
La operación iniciada ayer tiene como objetivo cumplir 22 mandatos de búsqueda, dos prisiones preventivas, una prisión temporal y seis de conducción coercitiva, informó hoy la Fiscalía del estado de Paraná, que concentra las investigaciones del caso Petrobras, indicó la agencia Efe.
Además, busca pruebas adicionales que demuestren que la constructora cometió los delitos de organización criminal, cartel, fraude en licitaciones, corrupción y lavado de dinero en la firma de contratos con la compañía estatal.
Según las investigaciones, Queiroz Galvao formó junto con otras constructoras un cartel para distribuirse los contratos de Petrobras y sobrevalorar los negocios realizados con la estatal durante al menos una década, lo que generó pérdidas millonarias a la petrolera.
Para garantizar los contratos, Queiroz Galvao, como otras constructoras, pagaba sobornos a varios de los directores de Petrobras y decenas de autoridades y políticos que amparaban las corruptelas.
Los investigadores también buscan pruebas sobre una supuesta obstrucción a una investigación establecida en el Senado en 2009 para indagar los fraudes cometidos por la empresa.
Las autoridades creen que Queiroz Galvao, que tiene el tercer mayor volumen de contratos con Petrobras, pagó al menos 10 millones de reales (unos 3,6 millones de dólares) en coimas para frenar la investigación en el Legislativo
En este sentido, la fiscal Jerusa Viecili destacó la “osadía” de la constructora, que tuvo una “actuación profesional y sofisticada en el pago de coimas en contratos públicos durante un largo periodo de tiempo”.
Vínculo con El Salvador
La empresa también ha estado conectada con negocios en El Salvador, al resultar ganadora de la licitación para los trabajos de ampliación de la presa hidroeléctrica en 2013, en un contrato por $189.3 millones, en conjunto con la empresa Andritz Hydro Inepar, creando el consorcio UDP.
La empresa fue la única que presentó una oferta, según confirmó la CEL a este periódico, y además aseguró que la compañía fue la que cumplió “con los puntajes exigidos de acuerdo a las bases de licitación del proyecto”, según la Comisión Evaluadora de Ofertas de la autónoma.
Posteriormente, el consorcio que integraba Quiroz Galvao pidió a la CEL continuar con la construcción de la expansión del la presa 5 de Noviembre, para lo que solicitó a la CEL $33 millones adicionales y 13 meses más en el cronograma alegando “dificultades en el proyecto”.
De acuerdo con las autoridades de la CEL, el consorcio no logró fundamentar su petición, por lo que el costo de la expansión de la obra se mantuvo en $189.3 millones cual lo pactado.
Según el actual presidente de la autónoma, David López, lo que pedía el consorcio de empresas brasileñas “era algo ilógico, irracional y (que) definitivamente afectaba el desarrollo del proyecto”.
Ejecutivos a juicio
Ildelfonso Colares Filho, presidente de Queiroz Galvao, fue arrestado en noviembre de 2014 junto a 27 ejecutivos de nueve empresas brasileñas por estar involucrados, según las autoridades, en un esquema de corrupción que movió $3,850 millones a través la empresa Petrobras.
Sobre ellos pesa la acusación de pagar sobornos para asegurarse negocios con Petrobras la mayor empresa petrolera de Brasil, además de trabajar con terceros para inflar los costos y recibir mayor dinero por la licitaciones.
Entre los detenidos también estuvieron el exdirector de servicios de Petrobras, Renato Duque; el presidente de Constructora OAS, José Aldemario Pinhiro, y su homólogo de la firma Camargo Correa, Dalton dos Santos Avancini.
Estas detenciones se dieron tras el arresto, en marzo de 2014, del exdirector de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, quien, a cambio de una reducción en su condena, divulgó más detalles de la trama, sobre todo el supuesto pago a políticos del Partido de losTrabajadores (PT) desde 2003, año que llegó el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, informaron las autoridades federales.
En ese entonces, Costa denunció a 50 legisladores (incluidos los presidentes de ambas cámaras del Congreso), gobernadores, al ministro de Energía, del PT y a políticos del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB, centro) y el Partido Progresista (PP).
En noviembre de ese mismo año, el Banco Central brasileño embargó unos 47,8 millones de reales (19 millones de dólares) depositados en las cuentas bancarias personales de 16 ejecutivos detenidos por el gigantesco escándalo de corrupción en el seno de la petrolera estatal Petrobras.
El organismo emisor informó el valor embargado en un comunicado enviado al juez federal que ordenó la suspensión del sigilo bancario y fiscal y el bloqueo de las cuentas bancarias de 16 de los 24 ejecutivos acusados de desviar recursos de la petrolera, además otras tres pequeñas empresas.