Limitar el endeudamiento del gobierno, diseñar presupuestos anuales de la Nación congruentes con los ingresos y los gastos, transparentar la administración pública a través de informes de ejecución detallados de presupuestos de ministerios y autónomas, son algunos de los grandes lineamientos que están sobre la mesa de discusión de un nuevo pacto fiscal.
Esa discusión ha iniciado con relaciones bilaterales entre ARENA y el FMLN, ya que el gobierno tiene especial interés en que el principal partido de oposición le dé sus votos para ratificar varios préstamos pendientes en la Asamblea Legislativa y para la emisión de $1,200 millones en bonos que el presidente Salvador Sánchez Cerén asegura que urge.
Sin el respaldo de ARENA es imposible que el gobierno tenga la mayoría calificada en el Congreso para el aval de más deuda y nuevas emisiones de bonos.
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Ante esto es que las pláticas entre ARENA y el FMLN para construir en consenso una Ley de Responsabilidad Fiscal han avanzado y buscan incorporar algunas de las recomendaciones que les ha hecho el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y recientemente el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La diputada de ARENA, Carmen Elena Calderón de Escalón, explicó que los proyectos de ley fiscal propuesto por su partido y el del gobierno, el cual tiene bastante similitud con el del FMLN, han variado a raíz de las observaciones que les han realizado los dos entes financieros a ambos partidos.
“Cada uno por su lado habíamos revisado lo que el experto del FMI (Mario Garza) quien había sugerido algunas cosas que eran importantes y beneficiosas como lecciones aprendidas en otros países, nuestro proyecto varió y el del FMLN también varió, ahora lo hemos pasado y lo vamos a revisar”, manifestó Calderón de Escalón.
Un punto estratégico que recoge el plan de ARENA es limitar la emisión de bonos, que es una deuda temporal y de lo que, a juicio de los tricolores el gobierno abusa, por lo que plantean que sólo incorporando la obligación que tiene el Estado de acuerdo a la Constitución, de cancelar los bonos en el término de un año, en una ley de Responsabilidad Fiscal, se logrará reducir el déficit.
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Si bien el plan gubernamental coincide con el de ARENA en cuanto a limitar la deuda pública en relación al valor real del Producto Interno Bruto (PIB) y diseñar presupuestos basados en cifras reales de ingresos, aún falta que homologar si la preparación del presupuesto anual debe verse enmarcado en un escenario macroeconómico planificado a tres años como lo propone ARENA o a cinco años como lo plantea el gobierno.
El relacionar la deuda con el valor real del PIB es uno de los principales aportes del FMI que han sido considerados por los partidos. Al respecto, el analista económico Claudio De Rosa explicó que actualmente el nivel de la deuda es mucho mayor que lo proyectado.
“La deuda pública total se eleva de 64.2 % a 72.5 % del PIB a diciembre de 2015, levemente inferior a la proyección del escenario base de 73.2 % para 2021 del FMI y muy por encima del 59.7 % del PIB considerado con medidas de ajuste”, acotó De Rosa.
Explicó además que esta variación del PIB también cambia el nivel de recaudación tributaria, que se eleva del 15.2 % del PIB en 2015 al 17.1 %, por lo que el ajuste fiscal tiene que ser más grande.
Sin embargo, en el principio de transparencia que recogen ambos proyectos se visualiza que han incluido una de las observaciones que presentó el FMI en días pasados.
El Fondo recomienda que todas las instituciones públicas deben transparentar sus gastos y deben proporcionar en su informe de ejecución de sus presupuestos los “pasivos contingentes basados en compromisos formales”, es decir, revelar todas las obligaciones de pago reales que pueden producirse en un futuro.
Lo anterior se refleja en un comparativo de los proyectos del partido opositor y el del gobierno, por ejemplo: ARENA propone que dentro de los parámetros de transparencia no sólo las entidades públicas den un informe detallado de la ejecución de sus presupuestos, sino también las subsidiarias de instituciones autónomas como la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (Cel).
Además, que el Estado deje de ser garante de la deuda que adquieren la Cel y otras autónomas como la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Anda) y la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB).
Esto último lo incluyó a su propuesta ARENA recogiendo algunas de las recomendaciones hechas por el BID.
El partido tricolor también plantea en el apartado de la transparencia que el Presidente de la República por medio del ministro de Hacienda debe de emitir un decreto en los primeros 90 días que asuma sus funciones, en el cual establezca los fundamentos que regirán la política fiscal durante su gobierno.
Propuesta pecenista
El PCN también ha presentado una propuesta de ley fiscal en la Asamblea, la cual coincide también con algunos puntos establecidos en la de ARENA y la del gobierno.
Mario Ponce, jefe de la fracción pecenista, manifestó que debe haber un “equilibrio presupuestario” que refleje los ingresos reales y el gasto.
“Nuestro proyecto de responsabilidad fiscal también determina aspectos como el hecho de bajar el gasto corriente del 24.5 % a un 17 % de forma escalonada en un periodo de cinco años”, aseveró.