Recientemente, la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF), en una carta a la Presidencia de la República, propuso reformar la Ley de Bancos Cooperativos y Sociedades de Ahorro y Crédito, para supervisarles directamente pues considera que las entidades que les fiscalizan actualmente no son las adecuadas.
Dicha supervisión tendría un costo del 0.05 % anual del patrimonio de las cooperativas, por las que estas creen que serían afectadas negativamente, sobre todo las pequeñas, y tendrían el riesgo de desaparecer. El proyecto de reforma ya es analizado en la Asamblea Legislativa.
Alejandro Herrera, quien funge como presidente del Comité Nacional de Cooperativas de El Salvador (Conacoes), compuesto por diversas cooperativas de ahorro y crédito, señala que el proyecto de reforma contiene dos cambios a dicha ley.
El primero esta en el artículo 2, en donde se establece que las cooperativas que no excedan los 10 millones de dólares en activos tendrán que “remitir, trimestralmente, los estados financieros a la Superintendencia. Así también estarán obligadas a remitir mensualmente información de la cartera de crédito, de los depósitos y otras obligaciones”.
Herrera explicó que de 450 cooperativas en el sector solo 25 sobrepasan los 10 millones de dólares en activos; el problema es que, al reformar esta ley, todas las demás cooperativas estarán bajo dicha supervisión, lo que significa que tendrán que recurrir a costos extra para poder cumplir con estos requerimientos.
La problemática que ellos ven es que muchas de estas cooperativas son muy pequeñas para poder estar remitiendo toda esa información, e incurrir en costos extra, por lo cual podrían caer en una situación de insostenibilidad.
Herrera aseveró que la raíz del problema no está en la regulación, es más, el presidente del Comité de Cooperativas asegura que es importante que se regule el sector de cooperativas de ahorro, pero que esto debe ser hecho en base “a las condiciones de cada cooperativa”.
Otro artículo que consideran preocupante es que la reforma indica que las cooperativas serán consideradas miembros del Instituto de Garantía de Depósitos (IGD).
Este instituto funciona como un custodio o fondo de reserva que garantiza que los depositantes de una institución financiera no pierdan sus ahorros en caso que dicha institución quiebre o se cierre.
Al establecerse este mecanismo, implicaría que las cooperativas estarán atadas a tener que aportar un porcentaje de sus activos al IGD, lo agravante es que, dependiendo de esta cifra, muchas cooperativas podrían desaparecer porque no tendrán la capacidad de otorgar dichos montos.
Tanto Alejandro Herrera como Ricardo Paz, secretario de Conacoes y presidente de la Federación de Asociaciones Cooperativas de Ahorro, Crédito y Servicios Múltiples Afines de El Salvador (Fedecrece), consideran que dicha medida ocasionará que muchas cooperativas cierren sus operaciones, puesto a que estas instituciones pasarían automáticamente a cumplir con esa normativa de crear reservas.
Añadieron que un temor con esto es que los “puedan sorprender” con el ingreso de las cooperativas al IGD. Con esto se refieren a que, en la reforma, no está establecido cuánto es el porcentaje que tendrán las cooperativas que aportar para el referido instituto, y este podría ser una cantidad muy alta para las cooperativas.
Los representantes del sector hicieron hincapié en que no se oponen a que se cree una normativa que los regule, pero piden a la SSF y al Banco Central de Reserva (BCR), que también ayudó en la creación de la reforma, a que sea el Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo (Insafocoop) el que les supervise, y se aplique una normativa tomando en consideración las capacidades que tiene cada cooperativa.
Sector pide equidad
Realizar una reforma “con equidad”, es lo que las cooperativas buscan. Uno de los principales riesgos que miran en la reforma, no sólo es el cierre de las cooperativas, sino que el cooperativismo podría llegar a desaparecer en el país, calificándolo como una “masacre de las cooperativas”.
Bajo esta idea, lo que expresan Herrera y Paz es evitar el cierre de cooperativas que no tengan la capacidad de lograr lo que la SSF pide en la reforma.
Según el proyecto de reforma, las cooperativas tiene un plazo de tras años para cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 2 de esa ley; sin embargo, si transcurrido ese plazo no han logrado realizar dichos requisitos, la cooperativa “estará sujeta a la imposición de sanciones establecidas en la presente ley”.
Entre las sanciones se incluye que podrán ser sometidas a un proceso de liquidación, explicó Paz.
La misma ley indica que se les proveerá de una prórroga para adaptarse a la nueva normativa; pero si las cooperativas no cumplen se le dará una suspensión temporal de nuevas operaciones de depósitos y de créditos hasta por treinta días hábiles. Y si después de esto no puede cumplir con los requisitos, se les ordenará una suspensión definitiva.
Por otra parte, el impacto no sólo se verá entre quienes operan las cooperativas, sino también en los miembros o socios de las mismas.
Actualmente hay un millón y medio de salvadoreños asociados a cooperativas, estas son personas pertenecientes a diversos rubros productivos del país, que serían afectados negativamente en el caso que se experimente un cierre de operaciones.
Los representantes de las cooperativas consideran que este ha sido un proceso inconsulto, y que no se les ha tomado en cuenta para la formulación de la reforma. Además de expresar que les parece que estos cambios de ley han sido hechos de “manera arbitraria”.
Los cooperativistas hicieron un llamado a las autoridades, tanto del banco central como de la Superintendencia del Sistema Financiero para crear una mesa de diálogo para discutir a fondo el proyecto de ley, y así definir normativas que no afecten al sector.