La Ley de Control y Regulación de Armas establece como uno de los requisitos la carencia de antecedentes penales y policiales para quienes deseen obtener un permiso para la portación.
Sin embargo, Marvín Adaly Quintanilla Ramos, el Piwa y supuesto cabecilla de la mara Salvatrucha (MS); pudo obtener un permiso para portar arma de fuego, aún cuando recién había salido de cumplir la pena de 15 años por haber intentado matar con granadas a un grupo de policías en 1999.
Esa situación ha generado polémica entre el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General que asegura que nunca se le debió haber dado ese permiso por ser exconvicto.
En un conferencia de prensa en la que se hizo acompañar del alto mando y 86 comandantes y jefes militares, el ministro de Defensa David Munguía Payés justificó la emisión del permiso con el argumento de que Quintanilla Ramos llegó al Registro de Armas de la Fuerza Armada con la documentación en regla, tal como lo establece la ley especial.
“Nosotros no investigamos a la gente, no conocemos a la gente, si se presentan con los documentos en regla se le extiende la licencia, si alguien los falsifica o alguien se equivoca en darlos, entonces es otra cosa, pero no se le puede negar el derecho como ciudadano, si llega con los documentos de Ley”, dijo Munguía Payés.
Reiteró su rechazo a los señalamientos del alcalde de Ilopango Salvador Ruano, de que él recomendó a Quintanilla Ramos para que trabajara en esa municipalidad.
“Yo termino mis funciones en el Ministerio, el 22 de mayo de 2013, el Piwa estaba preso, este individuo sale libre el 25 de octubre, tenía más de seis meses de haber dejado el Ministerio de Justicia y Seguridad, por lo tanto, estaba totalmente ajeno a las actividades de Justicia, entonces no es cierto eso (que conocía a el Piwa)”, dijo Munguía Payés.
Como parte de las investigaciones, la Fiscalía decomisó el expediente de Quintanilla Ramos en el que se detalla el proceso de emisión de la licencia de portar armas en el Registro de Armas del Ministerio de Defensa.
Munguía Payés aseguró que están dispuestos a colaborar en la “medida que se pueda colaborar con la justicia” y agregó que todos los funcionarios están a disposición de la justicia.
Consideró que él es “blanco de ataques políticos de sus adversarios políticos”, aunque no quiso revelar los nombres de quienes lo atacan. Así mismo, el Ministro de Defensa rechazó el extravío de 1,545 armas de fuego de los almacenes de la Fuerza Armada.