Con el argumento de que se violenta un derecho fundamental, el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) ordenó ayer a la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) que revierta la decisión de su gerencia general de revisar todas las solicitudes de acceso que envíen los ciudadanos a la Oficina de Información y Respuesta (OIR) de esa empresa estatal.
Por ello, emitió una medida preventiva para que la oficial de información de CEPA, Jayme Jannice Magaña, pueda restaurar y ejercer sus funciones sin ningún tipo de injerencia institucional, algo que según el IAIP no está contemplado en ningún artículo de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En este sentido, la resolución le ordena a la junta directiva de la autónoma y a su gerente general, Emérito Velásquez, que cese de inmediato cualquier disposición administrativa interna que limite las funciones de Magaña, en un plazo máximo de cinco días hábiles a partir de hoy.
Según Jaime Campos, comisionado del IAIP, se procedió con la medida de carácter preventivo, porque hay una clara vulneración del derecho al acceso a la información y porque la oficial, con la limitante impuesta por Velásquez, estaba restringida a cumplir sus funciones con plenitud, acorde al artículo 50 de la LAIP.
“Nosotros somos la autoridad máxima en la materia y por eso tenemos claro que existe una vulneración al derecho de acceso a la información pública donde cada oficial, en cada institución, es garante y por eso merece toda garantía de independencia en su cargo”, explicó el comisionado.
Campos agregó que la medida es proteger un derecho vulnerado, en el sentido de que el acceso a la información goza del respaldo legal y que el oficial de información es el enlace con la ciudadanía y debe de cumplir con sus obligaciones definidas en el artículo 50 de la LAIP “sin injerencia”.
La resolución del pleno del IAIP indica que el caso se conoció a raíz de una publicación de El Diario de Hoy el pasado 8 de agosto y por un escrito que el mismo día presentó Magaña al Instituto, donde confirma que todo requerimiento que se reciba debía ser comunicado “a diario” a la gerencia general, presidida por Velásquez.
“Ella pidió la medida cautelar para ejercer con plenitud las facultades de su cargo. Un oficial no puede estar informando sobre las solicitudes que llegan a la institución, solo debe de pedir apoyo a la unidad correspondiente que tenga bajo su resguardo la información pedida por el ciudadano”, explicó el comisionado del IAIP.
Ayer se buscó la posición de Magaña, vía telefónica, pero no respondió, ya que se encontraba en una reunión alrededor de las 3:30 de la tarde, dijo su asistente.
Además se llamó a su número de teléfono celular, pero tampoco respondió.
Velásquez emitió el pasado 15 de julio la circular GG-009/2016 en la que comunicó a gerentes, jefes de unidad y encargados de departamentos de CEPA la medida a tomar.
“Con el propósito de fortalecer la comunicación como equipo gerencial de esta institución, atentamente se les solicita que todo requerimiento de información de nuestra Oficina de Información y Respuesta (OIR), previo a ser entregado, deberá de ser revisado por esta gerencia”, indica el memorándum.
Pero en ningún artículo de la LAIP se plantea que el Oficial de Información debe hacer consultas o mantener comunicación directa con un gerente general o funcionario de alto nivel de una autónoma o ministerio para responder a las demandas de información de la ciudadanía. Solo deja claro en el artículo 104 que su nombramiento depende del titular de la institución, quien además responderá por su salario acorde a las posibilidades presupuestarias.
El comisionado Campos dijo que la junta directiva de CEPA deberá tomar un nuevo acuerdo para revertir la decisión, el cual deberá informarse al IAIP en un plazo máximo de 24 horas, luego de su aprobación en la autónoma.
Si CEPA no revierte la decisión de Velásquez y de la junta directiva existe la posibilidad de que el IAIP abra un proceso sancionatorio contra su titular, Nelson Venegas, agregó Campos.
Organizaciones de la sociedad civil como la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) consideraron que el caso de CEPA es similar a una “censura estatal” y que la información de todas las instituciones es de naturaleza pública, por lo que poner filtros internos dejan un mal precedente sobre la política de rendición de cuentas de una institución que ha sido cuestionada por diferentes sectores debido a gastos en bebidas alcohólicas y alimentos por más de $230 mil.
También la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) dijo esta semana que hay resistencia de varios sectores gubernamentales de rendir cuentas y cumplir la LAIP, violando incluso el principio de máxima publicidad como lo establece la Ley de acceso a la información pública.
Se debe proteger a los oficiales
Para el IAIP este caso es una oportunidad de abrir el debate sobre posibles reformas a la LAIP, en relación al papel que los oficiales de información juegan en la estructura del acceso a la información en El Salvador, opinó el comisionado Campos.
Para el funcionario, en el cargo de oficial de acceso a la información debe prevalecer el perfil técnico apegado a la ley y no a criterios como “la confianza”, porque convertiría el derecho de acceso a la información en algo subjetivo y sesgado.
“Un oficial no debe de ser visto por ningún funcionario como un cargo de confianza, su nombramiento depende de él pero eso no crea un lazo de dependencia, porque su función es técnica, apegada a la LAIP”, subrayó Campos.
La estabilidad del cargo es un punto que para el IAIP debería de ser sujeto de reformas, sobre todo porque en alcaldías hay cambios de oficiales cuando son elegidos nuevos ediles cada tres años.
Un ejemplo que dio el comisionado es el caso de la oficial de información de la alcaldía de San Lorenzo, Ahuachapán, Aleidy Elena Ruiz, quien fue degradada a ordenanza de la comuna, lo cual conllevó a la comuna a un retroceso en los índices de transparencia que registra el IAIP.
“El Instituto quiere promover estas y otras reformas para corregir varios vacíos que tiene la ley, eso amerita una discusión de todos los sectores nacionales porque el acceso a la información pública es fundamental como un derecho ciudadano”, insistió Campos.
Para el IAIP no hay precedentes en el caso de CEPA, aunque prevalece la cultura en muchas instituciones de abusar de los índices de información reservada para limitar a los ciudadanos, sobre todo aquellas en las que se manejan fondos públicos o por obras en ejecución.