El deterioro en la calificación crediticia del país, y el aumento de la tasa de interés, obliga a que el Gobierno sea más astuto y eficiente con el uso de los fondos públicos, opinó ayer el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal.
El líder empresarial consideró que la decisión de la agencia Moody’s de bajar el perfil del país a B1, debido al alto endeudamiento del Gobierno y falta de liquidez, obliga a que la discusión para un pacto fiscal sea más técnica y profesional.
Cardenal añadió que como parte del diálogo de país entre la ANEP y representantes del Gobierno se han propuesto algunas medidas para contener el gasto. El sector privado espera que, por lo menos, estas sean consideradas en la discusión entre partidos políticos.
Entre las sugerencias se encuentra reducir viajes y compras de vehículos, focalizar subsidios y congelar plazas en el sector público.
“Con las medidas que hemos propuesto nosotros creemos que se pueden ahorrar $700 millones. Es un monto sustancial, con solo que hubiera voluntad, pero parece que no hay”, expresó.
Una de las propuestas más ambiciosas está relacionada al gasto que más ha crecido en los últimos años: salario.
“Se va y se audita quienes son los que trabajan ahí de acuerdo con las planillas… En Honduras hicieron eso y resulto que el 10% de las planillas no trabajaban en el sector público. Solo estaban cobrando”, explicó Cardenal.
“Antes de solo despedir gente… hagamos una auditoría. Con 5% de la gente que no estuviera ahí, ya sería un ahorro sustancial de casi $400 millones”, añadió.
El empresario justificó que su propuesta no trata de dejar sin empleo a miles de personas, como el Gobierno quiere hacer ver, si no de depurar planillas y mantener al personal que realmente está brindando un servicio.
En 2015 se usaron $2,324 millones para salarios en el sector público no financiero, según la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).