Una serie de actas de la Junta Directiva de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) confirman que durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, la autónoma buscó adjudicar a toda costa la continuación de obras de la represa El Chaparral a la firma brasileña Norberto Odebrecht, investigada por corrupción en su país.
Para ello calificaron la gestión como de “urgencia”, lo cual les permitiría hacer contrataciones directas de firmas para seguir con el polémico proyecto.
Este proceso inició en julio de 2013, durante la administración del expresidente de la CEL, Leopoldo Samour, luego de que a mediados de 2012 se pagaran $108.5 millones a la constructora italiana Astaldi SpA, pese a que dejó abandonada la construcción de la represa.
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Según el acta 3589 del 12 de julio de 2013, la Junta Directiva de la autónoma aprobó iniciar el proceso de precalificación de empresas para “maximizar la utilización del tiempo” a fin de tener firmas que, luego del rediseño hecho por los brasileños Intertechne a un costo de $5.7 millones, serían invitadas de forma directa a presentar ofertas técnicas y económicas cuando estuvieran listas las bases de licitación.
“Debido a la declaratoria de urgencia emitida por esta Comisión es necesario iniciar de inmediato el proceso de contratación de la empresa que continuará con la construcción de la Central Hidroeléctrica El Chaparral, debido a que el documento de licitación estará disponible hasta dentro de cuatro meses (…) el proceso de contratación podría iniciar con la utilización del mecanismo de precalificación”, justifica la CEL en este punto de acta.
A esa fecha, la autónoma tenía, luego de pagarle a los italianos, $111.5 millones para terminar la obra, según el acta. La cifra representaba el 51% del presupuesto total de la obra y permite confirmar que a Astaldi SpA se le pagó (incluyendo el sobreprecio) un 49% del dinero para ejecutar la presa, cuando, según la supervisión de Euroestudios-Ingetec, solo construyeron un 29 %, lo cual, en su mayoría, solo correspondía a obras civiles.
La misma acta 3589 consultada por El Diario de Hoy, demuestra que CEL, durante el gobierno de Funes, al igual que en el contrato con Intertechne, buscaría una declaratoria de “no objeción” del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ente financiero del proyecto. Incluso la Junta Directiva autorizó, en la misma sesión, la reserva de toda esta información para que la ciudadanía no pudiera acceder a ella vía la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP).
En este organismo financiero (BCIE) está como director para El Salvador desde 2012 el hermano del expresidente Funes, Guillermo Funes Cartagena, quien en agosto de 2013 dijo a El Diario de Hoy que se emitiría una declaratoria de “no objeción” para seguir con las obras.
Así, en este mismo documento de la Junta Directiva de la autónoma estatal se explica con claridad las diferentes etapas para la continuación de la construcción.
Por ejemplo, revela que a finales de octubre de 2013 debía estar listo el rediseño encargado a los brasileños; a enero de 2014 ya se tendría firmado el contrato con el nuevo contratista (que surgiera de la precalificación) y el inicio de construcción sería durante el primer semestre de 2014, que coincidía con el cierre de la administración Samour al frente de la CEL y de Funes como presidente de la República.
De acuerdo con los documentos consultados, el contrato que se iba a usar para adjudicar a la empresa Odebrecht la construcción, era “precios unitarios y sumas globales”, el cual se refiere a un sistema por el cual el participante oferta en conjunto la construcción, el equipamiento y montaje hasta la puesta en servicio de la obra, algo opuesto al contrato “llave en mano” que incluía diseños complementarios, montos adicionales no contemplados y sin órdenes de cambio.
La constructora Norberto Odebrecht se encuentra bajo investigación en su país por vinculársele a un esquema de sobornos a políticos y de inflados costos de proyectos de construcción que realizó Petrobras, lo cual es investigado por la policía y la fiscalía de ese país suramericano.
La misma firma tiene un historial negativo porque en 2008 fue expulsada de Ecuador por fallas en la construcción de la presa hidroeléctrica San Francisco, en la provincia de Tungurahua.
Por esto ha enfrentado diferentes procesos legales.
Las actas consultadas también permiten comprobar que la constructora brasileña Norberto Odebrecht retiró las bases de precalificación en el portal gubernamental Comprasal y presentó su solicitud formal de interés, junto con la empresa china Sinohydro Corporation LTD, algo que también informó en su momento el expresidente Funes.
Sin embargo, todo estaba condicionado a los trabajos que Intertechne estaba haciendo en la margen derecha de la zona del proyecto, lugar donde, según Astaldi, se encontraron “imprevistos imprevisibles” que complicaron la construcción.
El acta 3606 de la autónoma con fecha 16 de octubre de 2013, demuestra que los brasileños no ofrecieron alternativas diferentes a los reclamos y propuestas que planteó el anterior contratista de la CEL, detalle que confirmó el actual presidente de la autónoma, David López Villafuerte, cuando llegó a la institución estatal en junio de 2014.
Advierte fallas del terreno
“Intertechne puntualizó recomendaciones sobre dos problemas en la margen derecha: alto fracturamiento y problemas con el diseño definitivo de la fundación de la presa (…) y alta permeabilidad como consecuencia del alto fracturamiento”, plantea el documento revisado por este periódico.
En la última entrevista que López Villafuerte brindó a El Diario de Hoy a finales de mayo, el titular de la CEL explicó que la decisión de mover el dique 620 metros de donde se asentaría la presa de la central, correspondía a deficiencias en el rediseño de los brasileños y a un mal manejo técnico del tema.
“Mover el dique es una alternativa viable, está demostrada con informes de nuestros técnicos y nos facilita continuar con la obra evitando el problema de la margen derecha, es la mejor opción para sacar adelante la construcción”, resaltó López Villafuerte.
Por ello la CEL descartó todo el proceso de precalificación y optó por una modalidad de múltiples contratos de los cuales, a la fecha, ya hay ocho en ejecución, sobre todo en la zona de la casa de máquinas, lugar donde se ubicarán las turbinas generadoras de energía eléctrica.