En su presentación del informe de coyuntura legal del primer semestre del año, Fusades destacó como una afrenta a la institucionalidad el intento de remover o intimidad a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por el descontento que sus sentencias han causado en el gobierno y otros sectores políticos.
Asimismo, el Departamento de Estudios Legales de la Fundación también destacó que el clima de inseguridad sigue afectando el desarrollo económico y el clima de inversión del país.
Javier Castro de @fusades califica de “delicado” que se fustigue a magistrados @SalaCnalSV por fallos. pic.twitter.com/5Vc40pJl9b
— elsalvador.com (@elsalvadorcom) August 16, 2016
Otro de los factores que Fusades criticó es cómo el retraso que la Asamblea Legislativa tiene en el nombramiento de funcionarios (como el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas o la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos) ha dejado a instituciones importantes en acefalía y sin poder cumplir algunas de sus funciones principales.
“Nos preocupa sobre manera que instituciones encargadas de impartir justicia queden acéfalas”, señaló Óscar Pineda, uno de los investigadores de este departamento.
Finalmente, el informe de coyuntura legal observa que a cinco años de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública, todavía hay límites en el acceso a este derecho fundamental y advierten de la confrontación que el presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, y otros miembros del partido de gobierno han tenido con los medios de comunicación que han buscado conocer más datos sobre su gestión.
“En el combate a la corrupción es importante contar con un buen marco legal y voluntad política para aplicar la ley vigente”, afirmó Liliam Arrieta de Carsana, parte del departamento, quien expuso cómo instituciones controladoras de la gestión pública, como la FGR, el TEG, Probidad y la CCR tienen muchos retos para poder ejercer su función.