La Ley de Acceso a la Información Pública, junto con los avances tecnológicos en materia de comunicaciones y una creciente sofisticación ciudadana en el ejercicio de sus derechos han permitido que nos vengamos dando cuenta, así sea de manera aproximada, de cuánto estamos gastando en mantener a los funcionarios y empleados públicos que conforman el aparato estatal.
Ahora más o menos sabemos lo que nominalmente devengan el Presidente y Vicepresidente de la República, sus ministros, secretarios del Órgano Ejecutivo, superintendentes, presidentes de entidades autónomas, alcaldes, concejales, magistrados, jueces, diputados, asesores y hasta asesores de los asesores. Y a fuerza de ser sinceros, salvo algunas claras excepciones, se trata de salarios bajos en función de las responsabilidades y obligaciones que supuestamente se asumen en esos cargos; cuento aparte es que los actuales titulares de esos cargos, cumplan o no con sus responsabilidades y obligaciones.
No ocurre lo mismo con otras remuneraciones y privilegios de los que gozan estos funcionarios. Ingresos complementarios que no se declaran y que no dejan rastro, gastos de representación, cupos presupuestarios otorgados para que puedan contratar a su personal de apoyo, vehículos asignados a ellos y sus familiares, personal de seguridad para el grupo familiar, seguros médicos hospitalarios con coberturas de primer mundo y con una lista de beneficiarios que llegan hasta sus amistades y empleados particulares, desayunos, almuerzos y cenas pagados con fondos públicos, licores, viajes innecesarios, hoteles, viáticos, combustible, piedras ornamentales y un largo etcétera.
Las instituciones del Estado requieren de personas con capacidad, experiencia y conocimiento y, por lo mismo, los salarios públicos deben ser lo suficientemente atractivos no solo para que existan buenos elementos que decidan realizar una carrera pública, sino también para que existan otros buenos elementos del sector privado que se animen a migrar al sector público y puedan trasladar a este sus respectivas experiencias.
El sector público debe ser capaz de atraer a sus filas a los mejores economistas, administradores, abogados, ingenieros, médicos, técnicos y demás profesionales; nuestro país necesita que se involucren en la gestión de la cosa pública. Desde luego que debe existir una genuino interés en servir al país, pero eso no desdice la necesidad de sentirse justamente compensado y de lograr desde esa trinchera, la satisfacción de las naturales pretensiones materiales.
Para generar este atractivo y entre otros elementos a tomar en cuenta, los salarios en el sector público deben ser competitivos y la verdad es que muchos no lo son. Obviamente que tener un salario acorde con las responsabilidades del cargo, implicaría que al mismo tiempo se reduzcan significativamente los privilegios otorgados; los que conocemos y los que estamos aún lejos de conocer.
En realidad, es la utilización abusiva de los privilegios lo que termina costándonos más a todos los ciudadanos. El establecimiento de salarios competitivos, con la condición de que los beneficios adicionales sean los que verdaderamente se necesiten, puede generar un ahorro sustancial en el gasto público, contribuir a una gestión mucho más transparente pues todos los ciudadanos tendremos certeza sobre lo que devengan los funcionarios y posibilitar que mejores elementos decidan prestar su “servicio público”.
Hablar de salarios competitivos también implica hablar de salarios acordes con las responsabilidades asumidas. No se trata de ser peyorativo, pero lo cierto es que no es posible que un motorista o un ordenanza tenga salario más alto que un médico de la red pública o un profesor. Tales distorsiones son graves y deben ser subsanadas.
Claro está que lo anterior debe formar parte de una completa reestructuración en el servicio público y de una profundización en los mecanismos de fiscalización ciudadana.
A la par de lo antes dicho, es imprescindible contar con los mecanismos legales que permitan que a los puestos públicos lleguen las personas más capacitadas, las más idóneas para el cargo y no los más amigos de los que toman las decisiones de empleo; las instituciones del Estado no pueden seguir llenándose de funcionarios y empleados cuyo único mérito sea compartir la ideología de las autoridades de turno.
Y, por supuesto, debe continuarse con los esfuerzos tendientes a permitir que los ciudadanos podamos escudriñar la manera en que se gastan o invierten nuestros impuestos.
Necesitamos funcionarios probos, justamente compensados, sin beneficios innecesarios y conscientes de su compromiso con mantener informados de su gestión a todos los ciudadanos.
*Colaborador de El Diario de Hoy