El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, afirmó que el conocer a los financistas de los partidos incrementa la confianza que la ciudadanía tiene en estos.
En una entrevista televisiva, Campos fue cuestionado sobre la solicitud de información que la organización Acción Ciudadana (AC) hizo sobre los datos de los donantes de los partidos en las últimas elecciones y el uso de estos fondos.
El comisionado aclaró que para estas solicitudes AC se amparó en la Ley de Partidos Políticos y en la de Acceso a la Información Pública (LAIP) y en vista de que los partidos no cumplieron a totalidad con revelar lo solicitado, los ciudadanos acudieron al Ministerio de Hacienda, el cual “lleva en su registro una base de datos de las donaciones”.
Hacienda negó la información y tras llegar el caso al IAIP, esta entidad ordenó al ministerio a revelar los datos, “pues el derecho de acceso a la información debe prevalecer sobre el secreto fiscal”. Campos explicó que el ministro Cáceres interpuso un recurso de revocatoria y el IAIP deberá resolver sobre esto a más tardar el martes.
Finalmente, el comisionado recordó que los partidos no pueden excusarse en que los donantes de partidos den su aval, pues esta limitación ya fue eliminada por la Sala de lo Constitucional.
Abuso de reservas de información
Jaime Campos también comentó sobre uno de los principales vacíos en la aplicación del derecho de Acceso a la Información: el abuso en las reservas de información.
A su juicio, esto se debe a que hay un desconocimiento de los criterios que indican qué información debe declararse bajo reserva e indicó que esto podría resolverse capacitando no solo a los oficiales de información, como ha venido haciendo el Instituto, sino también a los jefes de las unidades de adquisiciones o aquellas que producen información.
Puso como ejemplo positivo el caso de México, donde las entidades públicas tienen un comité de transparencia, integrado por el oficial de información y los gerentes de las entidades, quienes discuten sobre la información solicitada.
Otros retos que citó son la autonomía de los oficiales y el miedo a la LAIP.
Sobre el primer caso, Campos afirmó que los jefes de las unidades de acceso a la información deben estar libres de interferencias de las jefaturas de las entidades. “Toda instrucción que limite al oficial va contra la Ley de Acceso”, agregó.
Por ello, celebró que CEPA diera marcha atrás a su orden de que toda solicitud se conociera por la Gerencia General y la de Comunicaciones antes de resolverse. Pese a esto, dijo que el Instituto está pendiente de ser notificado de la orden.
Finalmente, señaló su preocupación por la mala percepción que se tiene sobre los efectos de la Ley. Campos explicó que en un estudio reciente realizado a cerca de 75 alcaldías, “cerca del ochenta por ciento dijeron que revelar la información tiene el riesgo de ser mal utilizada por sus adversarios políticos o con fines delictivos”.
También expuso que hay casos donde concejales de oposición han llegado a pedir información de sus mismas alcaldías porque no se las quieren revelar. Esto es un retroceso a este derecho y a la cultura de transparencia, opinó.