El comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), Jaime Campos, afirmó ayer que ante el abuso en las reservas de información que existe, capacitarían a los jefes de las UACI para evitar esos excesos.
El funcionario señaló que ese es uno de los principales vacíos en la aplicación del derecho de acceso a la información pública en el país.
A su juicio, esto se debe a que hay un desconocimiento de los criterios que indican qué información debe declararse bajo reserva e indicó que se podría resolverse capacitando no solo a los oficiales de Información, como ha venido haciendo el Instituto, sino también a los jefes de las Unidades de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales (UACI) o aquellas que producen información.
Campos puso como ejemplo positivo el caso de México, donde las entidades públicas tienen un comité de transparencia, integrado por el oficial de Información y los gerentes de las entidades, quienes discuten sobre la información solicitada.
Autonomía de oficiales
Otro de los retos que citó ayer el comisionado durante una entrevista televisiva es la autonomía de los oficiales y el miedo a la LAIP.
Sobre el primer caso, Campos afirmó que los jefes de las unidades de Acceso a la Información deben estar libres de interferencias de las jefaturas de las entidades.
“Toda instrucción que limite al oficial va contra la Ley de Acceso”, agregó Campos.
Por ello, el funcionario celebró que CEPA (Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma) diera marcha atrás a su orden de que toda solicitud se conociera por medio de la Gerencia General y la de Comunicaciones antes de resolverse. Pese a esto, Campos dijo que el Instituto está pendiente de ser notificado del cumplimiento de la orden.
Finalmente, el comisionado señaló su preocupación por la mala percepción que se tiene sobre los efectos de la Ley.
Explicó que un estudio reciente realizado a cerca de 75 alcaldías a nivel nacional reflejó que “cerca del ochenta por ciento dijeron que revelar la información tiene el riesgo de ser mal utilizada por sus adversarios políticos o con fines delictivos”.
También expuso que hay casos donde concejales de oposición han llegado a pedir información de sus mismas alcaldías porque no se las quieren revelar.
Para él, esto es un retroceso al derecho de acceder a información pública y a la cultura de transparencia que otorga la ley.