La Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ) criticó las medidas adoptadas hace más de un año por parte de Casa Presidencial (Capres) para proteger al personal y a las instalaciones ante protestas y marchas de personas y organizaciones sociales en sus cercanías.
El director ejecutivo de DTJ, Roberto Burgos, recordó cómo el 29 de junio pasado agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC) sometieron físicamente y desalojaron por la fuerza a la activista Bessy Ríos, quien con un cartel protestaba frente a Casa Presidencial contra el alza del 13 % al costo de la energía eléctrica que el gobierno aplicaría a partir de julio.
Ante esa actitud de los efectivos de la UMO, Burgos y otros miembros de DTJ solicitaron a la Unidad de Acceso a la Información Pública de Capres que se les entregara copia de los videos de las cámaras que registraron el incidente ocurrido en la acera de la casa de Gobierno, situada sobre la Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo.
Además, pidieron que se les proporcionara los nombres de los oficiales de la UMO y del Estado Mayor Presidencial que giraron las órdenes para desalojarla.
Burgos explicó que su petición fue denegada por el Oficial de Información de la Presidencia de la República aduciendo cuestiones de seguridad del presidente y demás funcionarios y personal de Capres. Para él eso sienta un precedente que atenta contra la democracia, la libertad de expresión, de prensa y transgrede los Acuerdos de Paz y la Constitución de la República, pues violenta derechos fundamentales de las personas.
Como complemento a la respuesta les fue entregado un “instructivo para proteccción del personal e instalaciones en caso de marchas que se dirijan hacia Casa Presidencial”, dijo.
El documento establece disposiciones generales y acciones a tomar por parte del Estado Mayor Presidencial para restringir protestas individuales o colectivas que atenten contra la seguridad del personal de Capres y sus instalaciones, lo cual desde el punto de vista de Burgos no es más que una “amenaza a la democracia”.
El representante de la Fundación DTJ explicó que, según el documento, la Fuerza Armada da órdenes a la PNC para disolver las manifestaciones en los contornos de Casa Presidencial, algo que a su juicio irrespeta el Art. 159, ordinal segundo, de la Constitución de la República.
Emilio Orellana, también del DTJ, se refirió a los atropellos que él y otros jóvenes recibieron en julio 2012, cuando protestaron frente a Capres por la crisis generada entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia.
Recordó cómo en aquella ocasión agentes de la UMO les quitaron y destruyeron una réplica gigante de la Constitución de la República solo porque pedían respeto a la institucionalidad del país.
Apelan ante el IAIP
Debido a la respuesta negativa de Capres, el 28 de julio presentaron una demanda de apelación ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), dijo Burgos.
En su petición señalan que se está restringiendo su derecho al acceso a información pública, porque no se les respondió positivamente a su solicitud, explicó.
Finalmente dijo que están pendientes de que el IAIP les señale la hora y día de la audiencia pública en este caso.