El fallo de la demanda interpuesta por una compañía minera internacional contra El Salvador sería revelado en lo que resta de agosto, según ha informado Luis Parada, el abogado defensor del Estado salvadoreño.
La sentencia será emitida por el Tribunal del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), adscrito al Banco Mundial, tras desarrollar una audiencia final en 2014 entre el equipo de abogados de la empresa minera y los abogados defensores de El Salvador.
El litigio comenzó en 2009 cuando la transnacional minera, Pacific Rim, demandó al Estado por impedir que realizaran actividades de extracción de oro y plata en la zona de la mina El Dorado, localizada en San Isidro, Cabañas.
En 2002, la empresa inició las labores de exploración en la mina después de haber adquirido los permisos, no obstante al haber concluido ya no recibió la autorización para realizar la explotación.
En caso de que el fallo resulte a favor de la empresa, El Salvador tendría que pagar $250 millones.
Darren Klinck, vicepresidente de Oceana Gold, un consorcio minero australiano que adquirió a Pacific Rim en 2013, expresó esta semana que aún no han sido notificados del resultado por el tribunal independiente. A la vez, añadió que mantienen interés en lograr un diálogo con el Estado salvadoreño.
“Hemos sido muy claros desde que nos involucramos a finales del 2013 (…) Heredamos ese arbitraje, así como esta administración del Gobierno. Dijimos desde el inicio que nuestro objetivo está en abrir un diálogo constructivo”, declaró Klinck, durante el desarrollo del Segundo Congreso Internacional de Minería en Managua, Nicaragua.
Desde que inició el litigio, Parada ha reiterado que, pese a haber obtenido los permisos de exploración, no significa que recibían también los de extracción y que todo dependía de los estudios de impacto ambiental que debía presentar la empresa.
Los estudios fueron presentados en 2004 y, según el equipo defensor, no fueron aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
Los defensores de Oceana Gold han alegado que sí cumplieron las condiciones legales; pero que en 2008, cuando aún estaba abierto su proceso, el presidente de entonces, Antonio Saca, suspendió las concesiones de minería metálica a través de una “prohibición de facto”, sin haber modificado la Ley de Minería.
Carmen Aída Muñoz, directora ejecutiva de la Cámara Americana de Comercio en El Salvador (AmCham), advirtió que, aunque aún no se sabe cuál será la decisión del CIADI, estas son definitivas y de no cumplirlas, el país podría ya no ser sujeto a préstamos por organismos financieros multinacionales.
“Es un sector que está reclamando un derecho de respuesta que en su momento tendría que haber recibido”, consideró Muñoz.
Al analizar el caso de El Salvador, el vicepresidente internacional del Organismo Latinoamericano de Minería (Olami), Eduardo Chaparro, señaló el por qué es necesario que cada país tenga leyes y normas claras para respaldar sus decisiones.
“Si le dicen que le niegan el título minero porque hay que proteger el ambiente (…) ninguna compañía seria en el mundo se mete a una zona reservada si no es invitada por el Gobierno. Cuando yo llegué no me dijeron eso, ¿por qué no me impidieron desde el primer momento hacer la inversión?”, cuestionó el vicepresidente del organismo internacional.
El representante de Olami agregó que las empresas tienen derecho de saber a qué se exponen antes de realizar la inversión.
Klinck reiteró que deberán esperar para ver si “habrá un camino a seguir”, aunque demostró que aún mantienen el interés por invertir en El Salvador.
“Nada nos gustaría más que ser socios con negocios locales y que el gobierno de El Salvador abra un nuevo pilar de desarrollo económico en el país, pero tenemos que esperar y ver”, consideró.
De hecho, en la zona de la mina El Dorado, Oceana Gold se ha reincorporado con la representación de la empresa Minerales Torogoz, S.A. de C.V. y ha iniciado proyectos de desarrollo local y protección ambiental con la población de San Isidro.
En el congreso de minería, la empresa demostró el alto potencial que existe en la zona y que han planificado un proyecto de mina subterránea que, aseguran, tendría un impacto mínimo en el medio ambiente.
Klinck aseguró que no han iniciado ninguna labor relacionada a la minería, pero quieren conocer las condiciones y las opiniones de los pobladores.
“No tenemos un negocio ahí pero hay un equipo dedicado a trabajar con las comunidades locales por muchos años, mucho antes de nuestra llegada”, dijo.