Lo más alarmante de la semana fue la reacción de los líderes del partido de gobierno ante las recientes acciones de la Fiscalía General de la República. Una posición política prudente habría persuadido a su máxima dirigencia a reconocer el esfuerzo del Fiscal General y de su equipo. Los jerarcas del Frente pudieron exigir un debido proceso y las garantías necesarias para esquivar la politización de las investigaciones. Sin embargo se habló de “golpe de estado”, de “desestabilización” y de la “complicidad” entre la derecha y los Estados Unidos para imputar a los señalados la comisión de delitos.
Cuando se convive en democracia debe aceptarse el funcionamiento de la institucionalidad sin presumir que esta responde a inclinaciones ideológicas y a agendas escondidas. Nada es más perjudicial para un sistema político que la desconfianza entre los actores que lo integran y la necedad de repetir, cuantas veces se les ocurra, que las entidades públicas, sobre todo aquellas relacionadas con la administración de justicia y la investigación del delito, son manipuladas con un propósito incorrecto para perjudicar al adversario político.
Ciertamente los casos que indaga la FGR son emblemáticos y habrá que esperar el resultado de los procesos judiciales para imputar responsabilidades y para apuntar con determinación y veracidad si se cometieron abusos por quienes se encontraban al frente de las instituciones públicas. Mientras tanto se vale opinar del contexto, de las presunciones y sobre las declaraciones que vayan adelantando las autoridades. Lo indebido es mentir haciendo creer a la población que los casos son meras “cortinas de humo” y que siguen un guion mal intencionado en menoscabo de uno u otro partido político o personaje público.
Una situación similar está sucediendo en perjuicio de los miembros de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Las agresiones y amenazas de presuntos militantes del oficialismo hacia un magistrado de esa instancia, nos indican que las estrategias de quienes se han opuesto sistemáticamente a las resoluciones de la Sala están mutando hacia un estado muy peligroso en el que se pretende adulterar la conciencia de sus correligionarios para que se opongan a las decisiones de un Órgano de Estado. Este comportamiento rebasa los límites de la normalidad democrática porque demuestra una peligrosa intolerancia al Estado de derecho.
Entretanto, el Consejo Nacional de la Judicatura, la Corte de Cuentas de la República y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos continúan acéfalas. Esta omisión es igual o más grave que las acusaciones en contra de la FGR y de la CSJ. Mantener decapitadas a importantes instituciones contribuye al caos y engendra precedentes que más tarde pueden ser aplicados cuando finalicen los ciclos de otros funcionarios de segundo grado. La misma Sala de lo Constitucional podría ser la siguiente en la lista quedando sin quórum una vez concluya, en 2018, el período de nueve años de los magistrados Blanco, González, Meléndez y Jaime.
Esta agresión a la institucionalidad democrática es el resultado de los cálculos políticos en la Asamblea Legislativa. Con excepción de la Corte de Cuentas de la República, cuyos miembros necesitan del concurso de la mitad más uno de los legisladores, el resto de titulares debe ser nombrado por la mayoría calificada de los diputados lo cual necesariamente involucra a ARENA y al FMLN. A los grupos parlamentarios se les ha conminado a completar el proceso de elección a través de comunicados y conferencias de la sociedad civil organizada y, últimamente, mediante la interposición de un recurso ante la Sala de lo Constitucional para que esta declare la omisión en el cumplimiento de las atribuciones por parte del Órgano Legislativo. Sin embargo todos los esfuerzos han sido infructuosos.
La recriminación al Fiscal General de la República, la denuncia calumniosa sobre la ideologización de la justicia, la demora en la designación de funcionarios públicos y las embestidas e intimidaciones a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, representan comportamientos que deben ser cuidadosamente vigilados por grupos ciudadanos y por la comunidad internacional con el propósito de evitar que el empuje a favor de la legalidad no sea mutilado por quienes persiguen que todo siga igual.
*Columnista
de El Diario de Hoy.