La inconformidad por las sentencias emitidas por los magistrados de la Sala de lo Constitucional sigue desencadenando protestas de organizaciones afines al FMLN, como la ocurrida ayer frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia.
Un grupo de personas, que se identificó con el “grupo Maíz”, realizó una parodia de los magistrados. Cuatro de los asistentes vestidos de negro se colocaron máscaras hechas de papel con la fotografía de cuatro de los funcionarios que integran la Sala de lo Constitucional.
Al ritmo de batucada, el grupo bailó frente al máximo tribunal mofándose de los magistrados Belarmino Jaime, Rodolfo González, Sidney Blanco y Florentín Meléndez.
También portaron pancartas usando epítetos en contra de los cuatro jueces, al igual como lo han hecho otros simpatizantes del FMLN en ocasiones anteriores.
Los que llegaron a protestar repartieron hojas volantes en los alrededores de la Corte Suprema con mensajes contra los magistrados.
En el boletín señalan que los funcionarios están “fraguando nuevos dictámenes para afectar al Gobierno, sobre todo en el desempeño de su plan de seguridad, cuyos resultados, como la baja de homicidios, reconoce la población”.
También piden la “remoción” de los cuatro miembros de la Sala de lo Constitucional por no estar conformes con sus fallos.
La protesta de ayer se suma a otra que se perpetró en Chalatenango, cuando el magistrado Meléndez se dirigía a una escuela de ese departamento junto a un equipo de técnicos de la CSJ a orientar a los alumnos sobre el contenido de la Constitución de la República.
Un grupo de supuestos residentes de la zona impidieron el paso del vehículo en donde se transportaban Meléndez y su personal.
Debido a esto, el magistrado informó la semana pasada que por motivos de seguridad decidieron suspender las giras al interior del país que efectúan para explicarle a los habitantes sobre los derechos que contempla la Constitución.
A raíz de ese hecho, Meléndez también denunció que temen que haya un atentado contra los magistrados de la Sala, debido a los constantes ataques contra ellos.
Javier Castro, director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades), criticó que ese tipo de acciones generan “inestabilidad” en el país, al dar una mala imagen al exterior de que en El Salvador no se respeta la “institucionalidad democrática”.
El vocero del gobierno, Eugenio Chicas, ha salido al paso de las denuncias de Meléndez y sostuvo que las organizaciones sociales tienen derecho a manifestar su desacuerdo con los fallos.