La Fiscalía General no está conforme con la resolución de la Jueza Séptima de Paz, Evelyn Jiménez, que concede libertad bajo fianza a nueve de los once acusados en el caso conocido como Rais-Martínez.
Los fiscales aseguraron en conferencia de prensa ofrecida inmediatamente después de conocerse la decisión de la jueza que acudirán a un tribunal superior para pedir que les anulen la libertad condicional al empresario Enrique Rais, al exfiscal Luis Martínez y a los demás procesados.
“Al momento que sea impugnado (apelado), va a ser valorado por una cámara y los magistrados, obviamente, tienen mejor conocimiento de Derecho, y esperamos que reviertan este resultado que ahora se ha obtenido”, dijo Will Walter, jefe de la Unidad contra el Crimen Organizado de la Fiscalía.
El funcionario cuestionó el proceso judicial que se siguió en contra de Claudia Herrera Díaz, quien es actualmente procesada con supuestas pruebas fabricadas por el grupo para afectarla, sin que el sistema judicial detectara esa irregularidad.
Una de las fiscales del caso sostuvo que el proceso sigue y que ninguno de los nueve procesados ha perdido la condición de imputados, “porque hay elementos de juicio suficientes” en contra de ellos.
Los fiscales dijeron que pedirán que se reproduzcan los audios que incriminan a los acusados “para que la población sepa los ilícitos que se les están atribuyendo”.
Por su parte, el empresario Enrique Rais sostuvo que “los más importante es que recuperamos la libertad, el día de mañana (hoy), por lo cual nos sentimos muy satisfechos, porque las condiciones carcelarias son muy duras”.
Uno de los defensores, David Campos Ventura, sostuvo que el caso “no estaba sustentado para que se pasara a la siguiente fase con una detención provisional, lo que nos da la oportunidad valiosa de demostrar la situación real de este caso”.
El abogado Manuel Cruz Azucena, defensor de Luis Martínez, dijo que la resolución de la jueza Jiménez demuestra que “el nivel de la comisión del hecho y la responsabilidad de ellos en general es bien frágil, eso es importante; de lo contrario, hubiese sido diferente.
Gerardo Hernández , otro de los defensores, sostuvo que la decisión judicial refleja que “el Ministerio Público no tiene los elementos suficientes para sustentar en primer lugar la existencia de los delitos”.
Agregó que la jueza consideró que había una probable existencia de los delitos por los que son acusados, pero la Fiscalía tendrá que recabar las pruebas suficientes para poder demostrar la existencia de los cinco delitos por los que acusan a las nueve personas.