Ningún acuerdo fiscal ha salido de la mesa de negociación que mantiene el Gobierno con diputados de la Asamblea Legislativa. Casi dos meses después de que el Presidente de la República dijo que es necesario “apretarse el cincho” no se han tomado acciones, y pareciera que el asunto no es urgente ni importante.
Las diferentes fuerzas políticas concuerdan en que es necesaria una Ley de Responsabilidad Fiscal para mejorar las finanzas del Estado, dijo ayer en televisión el secretario técnico de la Presidencia, Roberto Lorenzana.
“Lo que no tenemos todavía es un acuerdo sobre las medidas que se necesita tomar para cumplir la ley de responsabilidad fiscal”, añadió el funcionario.
En mayo pasado, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) advirtió que el Gobierno podría quedarse sin dinero para pagar deudas en septiembre.
Luego, el 10 de julio, el presidente, Salvador Sánchez Cerén, dijo que “hay señales que son rojas y una de esas es el nivel de endeudamiento” y pidió que se forme una mesa para un acuerdo fiscal.
Pese a esas dos señales de urgencia, todavía no se ha revisado las recomendaciones en materia fiscal que tiene la Asamblea Legislativa desde 2012, según explicó la diputada por ARENA, Milena Calderón.
El diputado por el FMLN, Rolando Mata, añadió que en las pláticas bilaterales ARENA dijo que daría respuestas concretas luego de elegir a su nueva directiva.
Aunque las medidas están definidas y solo falta acordar los porcentajes de gastos e ingresos, Mata insistió en que hay una “estrategia de oposición, de no permitir que haya facilidades para ejecutar la gestión gubernamental… le vienen dando largas”.
Sin embargo, Calderón cree que le corresponde al Gobierno el rol proactivo para, por ejemplo, decidir cuáles recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) se implementarán.
“Eso será decisión del Gobierno. Nosotros no podemos decirlo… son ellos los que van a tomar las medidas para contraer ese gasto y hablar con el Fondo Monetario”, expresó.
A este comentario el diputado del FMLN respondió que las medidas “ya se le propusieron, ellos (ARENA) las conocen todas las medidas al detalle. Lo que ellos no quieren es comprometerse”.
Mientras tanto la crisis de liquidez que atraviesa el Gobierno ya se manifiesta en atraso de pago a proveedores, una deuda en subsidio al gas, falta de fondos a escuelas y retraso en pensiones a militares.
Además se acerca otro reto: la aprobación del presupuesto general de la nación 2017. Este debe discutirse en los próximos meses, con o sin acuerdos reales en materia fiscal.
¿Qué debe hacerse?
El economista y asesor legislativo, Rafael Lemus, dijo que el acuerdo fiscal debe resolver la crisis de liquidez que tiene el Gobierno y también los problemas estructurales en el presupuesto, relacionados con gastos e ingresos.
Lemus recordó que cuando la calificadora Moody’s bajó la calificación crediticia de El Salvador, indicó que un acuerdo que se limite a otorgar los $1,200 millones en bonos solo llevará a más deterioro del riesgo soberano.
La analista económica de Fusades, Carolina Alas de Franco, también señaló que se debe arreglar problemas estructurales.
El primero es mejorar el proceso para aprobar el presupuesto de la nación, el cual al no presentar cifras reales ha permitido que se use deuda para pagar gasto corriente todos los años, opinó.
Por otro lado, cree que se puede optar por establecer controles a las Letras del Tesoro (LETES). Por ejemplo, que a mayo de cada año el saldo de esta deuda debe llegar a cero.
Las LETES son usadas como una tarjeta de crédito por el Gobierno. Por ley se permite que el Ejecutivo la use sin pedir autorización ya que, en teoría, solo es para pagar faltas temporales de dinero.
Asimismo, Alas recordó que una propuesta de Fusades es cambiar la manera en que se calcula el límite máximo de LETES. En lugar de hacerlo en base a los ingresos que espera recibir el Gobierno, que se use como un porcentaje de los impuestos que recibió en años anteriores.
La economista además indicó que la Ley de Responsabilidad Fiscal debe detallar las metas y los tiempos en que se tienen que cumplir. De lo contrario se corre el riesgo de repetir el escenario de 2012, en el cual la administración Funes incumplió un acuerdo fiscal “y no pasó nada”.
En mayo de este año el FMI hizo una visita al país para evaluar la situación financiera y fiscal. El organismo señaló que El Salvador necesita un ajuste cercano al 3 %, como mínimo, para dar cierta estabilidad a las finanzas públicas.
El FMI recomendó contener el gasto en salarios, en especial el escalafón de salud.
“La masa salarial ha aumentado en un 1 % del PIB en los últimos 5 años, y se prevé que aumente un 1 % del PIB adicional para 2021, en ausencia de medidas. Para contener esa presión, el escalafón en el sector de la salud debe ser eliminado”, señalaba el comunicado de la misión del Fondo al finalizar su visita.
Este mes, la agencia calificadora Moody’s indicó que es más riesgoso prestarle dinero a El Salvador por la incapacidad de las autoridades de frenar la tendencia al alto endeudamiento.
La agencia bajó la calificación del país a B1 y añadió que puede bajar aún más.
El Gobierno ha pedido $1,200 millones en bonos para refinanciar su deuda de Letras del Tesoro.
En lo que queda del año aún falta pagar $399.1 millones en LETES, según Fusades. De ellos $122.7 millones corresponden a diciembre, época en que también se pagará aguinaldos a empleados públicos.