BRASILIA. Los senadores que decidirán si destituirán definitivamente a la presidenta Dilma Rousseff se encaminaban ayer a una larga noche de debate, ya que tantos de ellos querían hablar que el magistrado que preside el juicio político postergó la votación final hasta hoy, miércoles.
Muchos de los 81 senadores se anotaron para hablar, por lo que el magistrado presidente Ricardo Lewandowski anunció que la votación no podría llevarse a cabo ayer como estaba planeado originalmente. Dijo que el juicio entraría en receso después de que todos los senadores concluyeran de hablar, y se reanudará hoy por la mañana.
Horas antes ayer, la fiscalía y la defensa dieron sus argumentos finales.
Janaina Paschoal, la principal fiscal en presentar la argumentación contra la primera mujer presidente de Brasil, dijo que ésta había violado normas administrativas al elaborar el presupuesto nacional.
“Esto no se trata de un pequeño problema de contabilidad, se trata de fraude”, dijo Paschoal. “No es solamente que la presidenta mintió. El fraude fue expresado, el fraude fue documentado”.
Los testimonios se presentaron en la fase final de una pugna política que ha consumido al país más grande de Latinoamérica desde que la propuesta de impugnar a la mandataria fue presentada en la Cámara de Diputados a fines del año pasado.
Para que Rousseff sea destituida definitivamente, cuando menos 54 de los 81 senadores tienen que votar a favor. Conteos efectuados por medios de comunicación locales encuentran que 52 senadores han dicho que planean votar por su destitución, mientras que 18 se oponen y 11 no han manifestado su posición al respecto. En mayo, la misma cámara votó 55-22 para suspenderla y hacerle un juicio político.
Rousseff fue suspendida de su cargo el 12 de mayo y asumió de forma interina su vicepresidente, Michel Temer.
Si es separada definitivamente del cargo, su segundo mandato, que va hasta el 1 de enero de 2019, lo terminará Temer.
El resultado se conocerá de inmediato y, una vez proclamado por el presidente del Supremo, Rousseff estará fuera del poder o, por el contrario, si fuera absuelta, recuperaría el cargo y relegaría otra vez a la vicepresidencia a Temer.
Los aliados de Rousseff han advertido que, si es destituida, llevarán el caso ante el Tribunal Supremo Federal, la máxima corte del país. Varias mociones en las que se solicitaban interdictos fueron interpuestas ante la corte a lo largo del proceso de juicio político, pero fracasaron.
Los senadores de oposición acusan a Rousseff de utilizar medios ilegales para ocultar agujeros en el presupuesto federal, y argumentan que ello exacerbó la recesión, la inflación y los despidos.
Rousseff, una exguerrillera que fue torturada y encarcelada durante la dictadura del país, refuta las acusaciones, afirma que no violó ninguna ley y señala que presidentes anteriores emplearon técnicas contables similares.
El lunes presentó esa defensa ante el Senado, con los argumentos de que se vio obligada a tomar decisiones presupuestarias difíciles ante los menguantes ingresos y la negativa de sus rivales en el Congreso a trabajar con ella.
Rousseff dijo que el juicio político fue el precio que tuvo que pagar por rehusarse a suprimir una amplia investigación policial sobre sobornos millonarios en la compañía petrolera estatal Petrobras, y dijo que legisladores corruptos se confabularon para destituirla y descarrilar dicha pesquisa.
Debido a la investigación han ido a parar a la cárcel prominentes empresarios y políticos, algunos de ellos del Partido de los Trabajadores, al que pertenece la mandataria. Sin embargo, el asunto no para ahí: grupos independientes calculan que 60% de los 594 legisladores en ambas cámaras son investigados por irregularidades y muchos por corrupción relacionada con la pesquisa en Petrobras.
Mientras, partidarios de la presidenta suspendida ayer volvieron a las calles en una nueva jornada de manifestación.
En la mayor ciudad brasileña, unas 200 personas según la Policía Militarizada, circularon de nuevo por la Avenida Paulista hasta el Museo de Arte de Sao Paulo (MASP), donde las autoridades volvieron a poner un cordón.
Hubo protestas en Sao Paulo, en Belo Horizonte, capital de Minas Gerais (sudeste) y ciudad natal de Rousseff, y en Brasilia.