El pago del escalafón para el sector salud pende de un hilo. Por ahora no está incluido en el proyecto de presupuesto para 2017 y el Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo ayer que le ha puesto un techo presupuestario a la ministra de Salud, Violeta Menjívar para que sea ella quien decida si lo entregará o no.
“Yo le he dicho: si usted quiere poner el escalafón, aquí está su techo presupuestario”, dijo el funcionario.
“Cada ministro tiene libertad de hacer con su presupuesto lo que deseen”, agregó.
El Ministerio, sin embargo, es de la idea de que ya no se paguen estos beneficios. Según sus estadísticas, el escalafón de salud es el que más ha aumentado en los últimos años en relación a otros sectores como el de educación.
En 1996 este beneficio le representaba al Estado un gasto de $3.9 millones. Para 2009, el gasto se triplicó hasta alcanzar los $12.7 millones y la proyección para este año es que se gasten $28.4 millones.
En contraste, los policías solo recibieron un escalafón que sumó $1.4 millones en 2015.
Nelson Fuentes, director de política económica y fiscal del Ministerio de Hacienda dijo en el evento de rendición de cuentas que “sale más barato subir el salario a todos el sector público que seguir manteniendo el escalafón al sector salud”.
Sus proyecciones indican que si se continúa con este escalafón, para 2025 se estaría pagando un total de $52.2 millones.
El representante del Fondo Monetario Internacional para la región, Mario Garza, comentó en su visita pasada, que este gasto debería eliminarse y que deberían reducirse el gasto en remuneraciones en general, que tiene ahogadas las finanzas del Estado.
Sin embargo el dato ya le está crispando los ánimos a los sindicatos de salud, que ven en el escalafón su único incentivo. Los representantes sindicales ya están advirtiendo de posibles marchas para rechazar la eliminación de este beneficio.
Pero salud no es el único sector beneficiado con esta ley de escalafón, que les aumenta año con año su sueldo sin siquiera exigirlo. Todos los miembros de sindicatos amparados en un contrato colectivo también han logrado grandes beneficios que le están costando caro al Estado.
Según los datos oficiales, en 2009 el Estado apenas pagaba medio millón de dólares ($500,000) en beneficios de contratos colectivos, pero para este año se proyecta un gasto de $62.7 millones.
Y las solicitudes han crecido porque el tamaño del Estado también es más grande. Los datos apuntan a que entre 2007 y 2009 se crearon 39,744 nuevas plazas, muchas de ellas de maestros que antes estaban en el plan Educo y que luego pasaron a planilla del Estado.
Con las nuevas plazas los sindicatos y sus requerimientos también han aumentado.
En general las remuneraciones pasaron de un total de $1,528.3 millones en 2008 a $2,324.4 millones en 2015.
Hacienda reconoce que ya no puede pagar más. “Se debe hacer una política de salarios del sector público”, dijo Fuentes.
El Ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dice que su institución no puede hacer nada ante esto pues son los ministros los que tienen que distribuir ese dinero.
Fiscalía
Y mientras algunas áreas como la Corte Suprema de Justicia o la Asamblea rebozan de recursos cada año, la Fiscalía General de la República está urgiendo más dinero para financiar la investigación de la ola de delincuencia que azota al país.
Ante esta solicitud, el ministro Cáceres dijo ayer a la prensa que aún no se ha reunido con el fiscal general, Douglas Meléndez, para hablar de sus necesidades, pero que de igual forma, él tiene todo el derecho de solicitar el dinero que necesite. “No tiene que andar mendigando presupuesto a través de los medios”, dijo Cáceres.
El momento es propicio pues Hacienda ya está elaborando el proyecto de presupuesto para 2017, que se prevé que no tendrá variaciones significativas respecto al de este año, que ha sido de $4,860.8 millones.
Otro punto crítico para Hacienda es el pago de los Fondos para las municipalidades, conocidas como fondos FODES. Hacienda señaló que se debe hacer una revisión de la deuda municipal pues en 2000 se pagaban $83 millones y en 2015 las transferencias a las alcaldías sumaron un total de $348 millones.
Tema de debate
El gasto en salarios, al igual que los demás gastos que tiene el Estado y su balance con los ingresos que percibe, son punto de debate en la discusión que mantiene Hacienda con la Secretaría Técnica y los partidos políticos de cara a aprobar un pacto fiscal que les permita sanar su cartera.
El tema toma más relevancia con las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, que le ha exigido al gobierno poner en orden sus cuentas y ahora mucho más, después de conocerse que la calificadora de riesgo estadounidense Moody’s, le bajó la calificación al país por la elevada deuda estatal y la confrontación política.
En el tintero también están los ingresos tributarios y compromisos ineludibles como las pensiones, que siguen siendo consideradas por Hacienda como una de las principales razones para el desequilibrio fiscal del país y la elevada deuda.
Cáceres dijo que no hay nada concreto en la mesa del pacto fiscal, pero sí mencionó estar de acuerdo con que se puedan hacer modificaciones al IVA (impuesto al valor agregado) para que éste se cobre de forma diferenciada.