Representantes del sector trabajador en el Consejo del Salario Mínimo denunciaron que la ministra de Trabajo, Sandra Guevara, tiene la intención de cambiarlos por representantes sindicales afines al Gobierno.
Miguel Ramírez, representante del sector laboral en el Consejo del Salario Mínimo, afirmó que han escuchado en entrevistas por televisión que la ministra ha amenazado con cambiar a los representantes del sector sindical, sin tener la potestad para hacer movimientos de ese nivel.
“Ella es la responsable de convocar, pero ha señalado que nos va a cambiar. Ella no nos puede cambiar, porque los que nos van a cambiar a nosotros son los trabajadores”, advirtió Ramírez.
Según lo explicó Ramírez, la titular del Ministerio de Trabajo, únicamente tiene la potestad para convocar a elecciones, y es el sector trabajador, organizado en sindicatos, el encargado de elegir a los representantes en el Consejo del Salario Mínimo.
La Ministra de Trabajo mencionó en una entrevista televisiva en mayo pasado, la intención de llamar a elección de representantes del sector laboral en el Consejo, y recordó que había acuerdo para que continuaran los actuales representantes durante el actual debate del incremento al salario mínimo pero eso no significaba que no debería hacerse el cambio.
En dicha entrevista, la titular insistió en la posibilidad de llamar a nuevas elecciones de representantes.
“Tengo potestad de convocar un nuevo proceso. Ya esta caducada esta representación de todo el ente tripartito”, comentó en aquel momento.
Asimismo, la funcionaria alegó esa vez que el periodo de los actuales representantes del Consejo llegó hasta marzo de 2015.
En este tema, Israel Huiza, otro de los representantes del sector laboral, mencionó que existe una serie de sindicatos que a menudo se reúnen en Casa Presidencial con miembros del Gobierno.
Huiza no detalló nombres de sindicatos, ni potenciales candidatos a ocupar los cargos en el Consejo, pero coincidió en que todo apunta a que Guevara busca que sean persona alineadas con las decisiones del Gobierno.
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), Luis Cardenal , mencionó que hay un procedimiento legal a seguir y esperan que se respete, sin que sea manipulado para obedecer a los intereses del Gobierno.
Aún esperan acuerdo por salario mínimo
Mientras estos temas aún se discuten en el seno del Consejo, el tema del incremento del salario mínimo ha quedado pendiente.
De acuerdo con el presidente de la ANEP, si la Ministra de Trabajo no se hubiera opuesto al aumento de salario acordado entre el sector empleador y el sector trabajador, los empleados del sector formal ya hubieran recibido el primer porcentaje de incremento salarial en enero de 2016.
Cardenal afirmó que para el sector privado es preocupante que la Ministra quiera imponer su voluntad en lugar de buscar entendimientos y consensos.
“Nunca antes en la historia del Consejo del Salario Mínimo habíamos visto que dos sectores se ponen de acuerdo y que el sector gubernamental se oponga de tal manera que se impidan los acuerdos”, lamentó el dirigente de la ANEP.
Destacó que en dicho Consejo solo se regulan los salarios del sector privado, por lo tanto el Gobierno debe ser un facilitador entre los dos sectores.
El pasado 2 de junio del presente año, los representantes del Consejo Nacional del Salario Mínimo acordaron un aumento del 15 % al salario mínimo para que se aplicara desde el 1 de junio y para que fuera aumentando de forma gradual por los próximos tres años.
Sin embargo, la Ministra de Trabajo rechazó la propuesta aprobada porque “no cubría el costo de la vida”, y porque según ella, la propuesta aprobada no cumplía los requisitos del Código de Trabajo, específicamente en los artículos 145 y 146 del Código.
A este rechazo se sumo el mismo presidente Salvador Sánchez Cerén, quien además delegó a la ministra de Trabajo para que observara dicho convenio y lo devolviera al Consejo Nacional del Salario Mínimo, para que siguiera el debate.
Pero después de esto, el tema ha quedado en espera y con ello el salario para los trabajadores del sector formal.
La empresa privada ha propuesto un incremento escalonado de 15 % para los trabajadoras, mismo que se ejecutaría en un periodo de tres años.
Mientras que el Gobierno ha pretendido que el incremento sea de $250 para el área rural y $300 para la zona urbana, sin tomar en consideración la crisis económica que atraviesa el país y por consecuente como se ha visto afectada la productividad de las empresas.