Procesan a tres procuradores por corrupción

Un funcionario fue detenido ayer y dos están prófugos. Se habrían quedado con más de $7,000 que eran de usuarias que ganaron  juicios laborales. 

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La semana pasada, las autoridades allanaron la oficina de la Procuraduría General de la República de Santa Tecla donde trabajaban los imputados.

/ Foto Por Cortesía Fiscalía General

Por Diana Escalante

2016-06-30 9:09:00

Tres mujeres que fueron despedidas injustificadamente de diferentes empresas acudieron a la Procuraduría General de la República de Santa Tecla en busca de ayuda, pero terminaron defraudadas.

La institución delegó a los procuradores  Juan José Pérez Sánchez, Raúl Moisés Somoza Martínez e Ingrid Liliana Rodríguez González para que promovieran un juicio laboral contra  las compañías que cesaron a las mujeres.

Los tres funcionarios, de cuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, se habrían valido de sus cargos y de la confianza de las víctimas para presuntamente cometer los delitos de apropiación o retención indebida y falsedad material.

La Fiscalía giró órdenes de arresto para los tres funcionarios porque se habrían apropiado de  7,271.90 dólares.

Pérez Sánchez (coordinador de la Unidad de Defensoría Laboral de la Procuraduría General) fue aprehendido ayer en su trabajo. Somoza Martínez y Rodríguez González están prófugos.

Imputados fingieron que no ganaron juicios 

El fiscal a cargo de la investigación explicó que al finalizar los juicios laborales se emitieron fallos a favor de las víctimas, por lo que las empresas debían indemnizarlas por haberlas destituido sin ninguna justificación. 

Los procuradores imputados debían notificar de eso a las ofendidas para que pudieran recibir sus cheques pero no lo habrían hecho para poder apropiarse del dinero.

Las pesquisas arrojan que Somoza Martínez citó a la señora a la que acompañaba en el proceso y les hizo creer que habían perdido el juicio contra la compañía para la que laboró. Luego la hizo firmar el expediente para dar por cerrado el caso.

La víctima se resignó pero meses después consiguió una plaza en la Procuraduría General y al hacer algunas averiguaciones se enteró que sí debió haber recibido la compensación económica.

 La víctima acudió al la Fiscalía para denunciar al funcionario. Así fue como salieron a la luz los casos en los que estarían involucrados Pérez Sánchez y Rodríguez González.

Algunas de las mujeres fueron cesadas en año 2000 pero fue hasta 2010, por la presión que ejercían sus abogados, cuando los procuradores las llamaban para entregarles el dinero y les decían que repentinamente las empresas les habían entregado los cheques.  

De acuerdo a la Fiscalía, los procuradores habrían cometido falsedad material porque habrían cambiado los cheques de las víctimas sin que ellas los hubieran firmado.