Para seguir apuntalando un esquema de gobierno que se complica mes a mes, el presidente Sánchez Cerén y el ministro de Economía decretaron un recargo del trece por ciento por el consumo de electricidad, lo que equivale a duplicar el pago del IVA del 13 por ciento al 26 por ciento.
De inmediato ANEP presentó un recurso de inconstitucionalidad por dos razones: la primera, que todo impuesto debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa; la segunda, que ningún impuesto puede subsidiar o asignarse a entidades o funciones específicas, en este caso la CEL, sino que ingresa al fondo común y de allí es que luego sale, vía presupuestos, a una entidad.
Lo procedente no es continuar elevando impuestos por el grave perjuicio que se le causa a la economía, sino reducir gastos, achicar la frondosa burocracia que Funes incrementó en cuarenta mil plazas a las pocas semanas de iniciar su repulsiva gestión.
El discutido impuesto más bien parece que es para cubrir el enorme hueco dejado por el pago de 108.5 millones de dólares que se le hizo a la constructora Astaldi a pesar de que dejó abandonados los trabajos de la represa de El Chaparral.
En otros términos, todos los salvadoreños tendrán que pagar las torpezas cometidas por los que en el anterior régimen tomaron la decisión de pagar.
Lo que mutatis mutandis se puede decir de las exacciones fiscales que están ahogando al país: son dineros públicos usados para apuntalar un esquema que hace aguas y en cualquier momento puede caer en la insolvencia.
El aprobado impuesto no lo pagarían sólo los industriales, constructores, comerciantes, etc., sino principalmente la población, de por sí muy golpeada por la violencia, la falta de empleo y la carestía. Y eso por un hecho muy simple que parecen no entender o querer entender los del actual gobierno: todo impuesto es un costo de producción que se agrega a los precios, se trate del pan o del arroz, o del transporte o las medicinas.
No puede ser de otra forma. Si el precio de la harina se eleva, los panaderos se ven forzados a incrementar el precio de lo que venden; si el costo de la harina se eleva porque producirla es más costoso debido al mayor precio de la electricidad, sucede lo mismo.
A la postre, los que consumen pan o tortas (como erróneamente se atribuye a María Antonieta, Reina de Francia) van a tener que pagar la última decisión de Sánchez Cerén y de su ministro de Economía, el que aumenta empleos en medio de lo que debe ser la austeridad general.
Afecta a toda la gente
y destruye la inversión
ANEP, como varios economistas que se han pronunciado sobre “este nuevo IVA”, señala lo que es obvio: que la inversión, esencial para crear riqueza y empleos, se verá muy afectada.
Y para los que ya han invertido, tienen aquí sus fábricas y bienes y su personal, el impuesto reduce su competitividad y amenaza su estabilidad.
De ser un país muy competitivo y ejemplar en la región, estamos deslizándonos a la condición de africanos, o lo que es todavía peor, la de venezolanos, que sólo con dificultad logran comer y sobrevivir, situación que el grupo en el poder en El Salvador apoya “incondicionalmente”, llueve o truene, aunque la gente se muera de hambre.