Desde 2013 que la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre las “irregularidades” en la construcción de la presa El Chaparral, hasta la fecha los avances en el proceso judicial han sido casi nulos, pese a que documentos que firmó la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) con la empresa italiana Astaldi demuestran que el gobierno pagó $108.5 millones por obras inconclusas en la represa.
La autónoma había convenido originalmente con la empresa italiana el pago de $219 millones para la construcción de la represa; sin embargo, tras un arreglo directo el gobierno de Mauricio Funes le canceló a Astaldi $108.5 millones, pese a que los trabajos sólo reflejaban un 29% de avance. Es decir que la empresa recibió un pago como si hubiera ejecutado el 50% de la obra.
En su momento, tanto el expresidente Funes como el expresidente de CEL, Leopoldo Samour, justificaron el “arreglo directo” para evitar que el Estado pagará más al enfrentarse a un arbitraje internacional.
Tras ese millonario pago a Astaldi por trabajos no ejecutados, ahora el gobierno de Salvador Sánchez Cerén pretende llevar dinero a las arcas de CEL a costa de cargarle a la población el 13% más a la tarifa de la energía eléctrica, lo cual varios sectores consideran un “impuesto disfrazado” que será aplicado a partir del 15 de este mes.
Sobre el caso de la presa El Chaparral, el Fiscal General Douglas Meléndez, lamentó ayer que el proceso ha carecido de solidez en la indagación y que a raíz de eso el Ministerio Público ha tenido que “reactivar” la investigación, ya que prácticamente han tenido que iniciar con el análisis de “miles y miles de papeles” que revelan los pormenores del caso.
“La investigación de El Chaparral, lamentablemente, no había sido bien depurado el caso; lo que hemos hecho es volver a reactivar la investigación”, aseveró Meléndez ayer, luego de dar su informe anual de labores en la Asamblea Legislativa.
Meléndez expresó que tras ahondar más en los documentos que están en poder de la Fiscalía desde hace tres años, el caso se encuentra en su etapa de investigación “más álgida”.
Es más, fuentes cercanas a la Fiscalía expresaron a este periódico que en dos meses el Ministerio Público podría tener una resolución final sobre el proceso.
Para descubrir lo que realmente pasó con la construcción de la represa El Chaparral y con base en las primeras hipótesis que se han manejado, la Fiscalía lleva la indagación en dos vías: si se han dado “actos administrativos irregulares o han existido actos de corrupción. Esto estamos haciendo”, afirmó Meléndez.
Hace casi dos meses el Fiscal explicó que el proceso judicial lo encontró “engavetado”.
“Este caso de El Chaparral es uno en los que estamos trabajando ahorita y que hemos reabierto, porque estaba archivado”, afirmó en abril pasado.
Meléndez asumió el cargo en la Fiscalía en enero del presente año y su antecesor Luis Martínez se fue y no logró concluir con la investigación.
También en abril la Fiscalía recibió en esa fecha una nueva denuncia contra el expresidente Funes por avalar el pago de $108.5 millones a Astaldi por trabajos que no fueron concluidos.
En ese entonces, el abogado que lo denunció, Ricardo Ernesto Núñez, argumentó que Funes podría haber cometido los delitos de “enriquecimiento ilícito, desvío de fondos del Estado, peculado por culpa, malversación, y negociaciones ilícitas”, entre otros ilícitos.
Además, en febrero de este año, los exdiputados de ARENA, Mario Valiente (ya fallecido) y Mariella Peña Pinto presentaron una denuncia en la Fiscalía General en contra del expresidente Mauricio Funes por el mismo caso de la presa.
En la denuncia, los exlegisladores tricolores pidieron a la Fiscalía investigar al exmandatario por supuestamente haber avalado el pago de $108.5 millones a la empresa Astaldi, pese a que esta dejó abandonada la obra.
El proyecto de El Chaparral en Carolina, San Miguel, fue adjudicado durante el gobierno de Elías Antonio Saca (2004-2009) a la empresa italiana Astaldi, la cual dejó los trabajos a medias en 2010 durante el mandato de Funes alegando “imprevistos imprevisibles” como el desplazamiento del terreno.
Corte de Cuentas cuestionó
En un borrador de auditoría realizada por la Corte de Cuentas de la República, a la cual tuvo acceso El Diario de Hoy en su oportunidad, emitido el 16 de diciembre de 2014, los técnicos de la Corte cuestionaron los términos de pago acordados en el arreglo directo entre CEL y Astaldi en 2012.
“No podemos avalar lo expresado por él (funcionario de CEL) sobre que el monto acordado en pagar en el arreglo directo (108.5 millones de dólares) es equivalente al porcentaje de avance del 49.30 %”, sentenciaron los auditores en su informe del examen especial a la ejecución del contrato entre la autonóma y la empresa italiana.
Los auditores se basaron en su informe en que durante su investigación “no se encontró evidencia documental que respaldara dicho monto que sirvió de base para la negociación del arreglo directo determinado por la Junta Directiva en relación a la liquidación del contrato”, dice el borrador.
En un campo pagado en los periódicos, en 2012, CEL aseguró que el avance de la obra en El Chaparral era de 38 %.
Los auditores además dijeron que previo al arreglo directo, la CEL ya había pagado a Astaldi el 9 % del contrato por el “único evento finalizado”, es decir, la terminación del desvío y control del Río Torola, que equivalió a $19 millones 727 mil 793. Pero que en el arreglo directo se partió del valor base de $85 millones, de los cuales ya le habían cancelado $79.8 millones.
Pero en el informe final la Corte de Cuentas se desdijo y resolvió que exfuncionarios de CEL habían subsanado todas las irregularidades detectadas en un inicio por los auditores.