Esa madrugada del pasado domingo 1 de mayo, aquel joven solo atinó a ver que dos hombres se bajaron de la camioneta contra la que su primo Mario había chocado su motocicleta.
Pero contrario a socorrer a la víctima, como podría esperarse y como manda la ley, los hombres solo destrabaron la motocicleta que había quedado debajo de la camioneta, la hicieron a un lado y siguieron la marcha hacia el oriente sobre la Carretera del Litoral.
Atrás dejaban un cadáver, una moto destruida y un hombre que le gritaba a su primo para ver si estaba vivo. Pero Mario estaba muerto. Eran aproximadamente las 3:00 de la madrugada.
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El pariente, solo y con la luz de su celular, hacía señas a otros automovilistas para evitar que pasaran sobre el cuerpo tendido en el pavimento.
Lo anterior es lo único que Mario Pleitez sabe sobre el accidente en el que murió su hijo, Mario Alberto García Cruz. Es lo que le contó su nieto, cuyo nombre pidió no revelar por temor.
De acuerdo con el padre de la víctima, su hijo y el primo de éste regresaban del cantón Cangrejera, distante unos 20 kilómetros de Tamanique. Habían asistido a una cena familiar.
Ya estaban a más de la mitad del camino cuando a pocos metros de pasar por el puente sobre el río Chilama, saliendo del casco urbano del puerto La Libertad, en una curva pronunciada, la camioneta puso las luces altas y deslumbró a los dos motociclistas que iban a unos 25 metros de distancia uno del otro.
En seguida se produjo la colisión entre la víctima y lo que posteriormente se conoció que era una camioneta de Casa Presidencial (Capres).
Caso 167-UDV-16
De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, lo mismo que a Mario le ha contado su nieto consta en la declaración que el joven dio a esa institución que, a dos meses de haber ocurrido el homicidio culposo (sin intención) aún no ha acusado a nadie. Pero la familia dice que en el Ministerio Público se resisten incluso a mostrar el expediente al abogado que les representa legalmente.
Ayer, el Fiscal General, Douglas Meléndez, reiteró en conferencia de prensa que la Presidencia de la República había entregado a la Fiscalía información con incongruencias en el caso de la camioneta de Capres involucrada en la muerte del motociclista.
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Por su parte, la Presidencia se ha limitado a admitir que, efectivamente, la camioneta P19-966, que chocó contra el motociclista, pertenece a esa institución pero ha declarado como “información reservada” o confidencial, la identidad del funcionario que en la misma se conducía.
No obstante, mientras el Fiscal General se ha quejado de un intento de manipulación u ocultación de información por parte de la Presidencia, la institución que él dirige asume una actitud similar, dice el abogado Baltazar Henríquez, quien habló con El Diario de Hoy al final de la tarde del miércoles pasado.
El querellante asegura que el 18 de mayo se presentó a la oficina fiscal de La Libertad, en cuya jurisdicción ocurrió el hecho.
Ese mismo día presentó su escrito en el que se mostraba parte a través de un poder judicial otorgado por la familia agraviada. A pesar de eso, ese día la Fiscalía le negó acceso a la investigación.
Seis días antes, el 12 de mayo, el fiscal del caso a quien tanto familiares como el abogado identifican como Mauricio Arriola, les dijo que él no iba a meter preso a nadie, pues era un “delito conciliable” que, generalmente, se resolvía con una indemnización.
Ese mismo día, el fiscal les dijo que para concluir la investigación solo le hacía falta el registro de entradas y salidas de vehículos de Capres.
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“Un caso delicado”
En vista de que no le respondían la petición del 18 de mayo, el 1 de junio Henríquez se presentó nuevamente a la misma oficina fiscal, pero tampoco le permitieron ver la investigación.
“Cuando pregunté por qué no me querían dar acceso, dijeron que era un caso delicado”, relató Henríquez.
El 20 de junio, el abogado fue otra vez a la Fiscalía a presentar otra solicitud para ver las investigaciones y pidió hablar con el fiscal Arriola.
Antes de entrar, al abogado dice que el vigilante de la oficina le confirmó que Arriola estaba allí y que cuando él entró, lo vio caminar dentro de la oficina. Sin embargo, se lo negaron varias veces más cuando les dijo que ya había visto que sí estaba, Arriola salió y con evidente disgusto cruzaron unas cuantas palabras. Esa vez, igual, le negaron acceso a la investigación.
Ese mismo día, Henríquez asegura que cuando estaba en la oficina fiscal, recibió una llamada de un hombre que se identificó como abogado de Casa Presidencial, pidiéndole que “arreglaran”.
Henríquez y el abogado de la Presidencia, a quien luego identificó como Julio César Vargas Acevedo acordaron reunirse el 24 de junio en la sede fiscal de La Libertad para llegar a un acuerdo.
Según el abogado de la familia afectada, el fiscal Arriola se opuso a que hubiera un acuerdo entre las partes. Les dijo que la investigación seguiría, olvidándose de lo que les había dicho el 12 de mayo: que no metería preso a nadie y que ese delito se arreglaba con indemnización.
Ante la negativa del fiscal, el abogado Acevedo le pidió a su colega Henríquez que hicieran un acuerdo entre ellos, ante un notario. Acordaron reunirse en un centro comercial, pero el intento se frustró porque Henríquez dice que consideró que su seguridad podría estar comprometida.
Lo anterior es secundado por la familia, que asegura que en todas las ocasiones que han llegado a la Fiscalía de La Libertad “han visto movimientos de personas posiblemente armadas”. Incluso, en la última reunión del 24 de junio, había hombres armados dentro de la Fiscalía.
El investigado
De acuerdo con familiares de la víctima, y corroborados por El Diario de Hoy, en este caso la Fiscalía investiga a Wilton Everardo García Reyes, quien supuestamente, conducía la camioneta que era parte de una caravana de tres o cinco autos que antes del accidente fueron vistos en la playa El Tunco.
García Reyes vive en Santa Catarina Masahuat, departamento de Sonsonate.
En su documento de identidad aparece que su ocupación es la agricultura, pero vecinos de él indican que trabaja en Casa Presidencial y lo identifican como militar.
Ayer, El Diario de Hoy fue hasta la casa de García Reyes para obtener su versión del hecho; sin embargo, la esposa de él negó que estuviera en casa y que fuera empleado de la Presidencia. Dijo que había sido militar pero que actualmente trabajaba en una empresa de seguridad privada. Ella agregó que desconocía si su marido estaba involucrado en el accidente vial tras el cual murió García Cruz.
Solo un investigado
De acuerdo con familiares de la víctima, sólo García Reyes es investigado por la muerte de García Cruz.
La Fiscalía, entre tanto, nada ha dicho si existe alguna investigación contra otras personas que viajaban en la camioneta y menos contra los ocupantes del pick up P311-504, propiedad del Ministerio de Defensa, quienes, aparentemente, obstruyeron la investigación que intentaron hacer algunos policías.
“O nos das la camioneta o aquí mismo vemos qué ondas; pero que la llevamos, la llevamos”, fue lo que dijeron al menos cuatro hombres armados con fusiles que llegaron en ese pick up.
Al principio, los policías se opusieron, pero uno de ellos recibió una llamada telefónica en la que le ordenaron entregar la camioneta o se exponían a perder sus trabajos.
De acuerdo con fuentes fiscales, la camioneta fue entregada a la Policía, tres días después. Has hoy no se sabe qué funcionario viajaba en ella.