En teoría, en una república cuyas instituciones funcionan según fueron diseñadas (o sea, para garantizar que el poder sirve a la ciudadanía y no a quienes lo ostentan) cuando se le va a aplicar una carga fiscal a los ciudadanos, se les pregunta primero. El principio de “no tributación sin representación” es tan viejo como las primeras repúblicas, e implica que cualquier tipo de impuesto debe establecerse a través de los representantes del pueblo en el órgano legislativo.
En teoría, en El Salvador este principio se encuentra estipulado a nivel constitucional, pues se le delega la labor de decretar impuestos a la Asamblea Legislativa en el artículo 131. En teoría, cualquier otra institución estatal que usurpa funciones explícitamente encomendadas a un órgano diferente estaría perpetrando una violación al principio de separación de poderes.
En teoría, desde el punto de vista político, por lo menos para dar la apariencia de quedar bien, cuando se propone un impuesto se explica con lujo de detalles el fin para el que se destinará, se justifica el porcentaje que se ha escogido y se presentan las opciones que se consideraron como alternativas para que la medida cuente, por lo menos, con cierta apariencia de apoyo popular.
En teoría, en una república en la que se maneja el principio de que todos somos iguales ante la ley y en la que la libertad de protesta y de expresión se entienden como derechos constitucionales, cualquier persona con posturas contrarias a las de las autoridades tiene la garantía de que podrá protestar en paz sin sufrir consecuencia físicas por su disenso. En teoría, quienes ejercen el poder y tienen el monopolio de la fuerza, usan la coacción física sólo en casos limitados y no de manera arbitraria, para evitar abusos de la fuerza que puedan desembocar en violaciones a los derechos humanos.
Todo lo anterior, por supuesto, solo en teoría. Porque en la práctica, ninguno de los supuestos anteriores se aplican en el caso de El Salvador. Para no tener que molestarse con el proceso constitucional, las autoridades se brincaron a la Asamblea y firmaron un 13 % de aumento a la tarifa eléctrica por medio de un decreto ejecutivo. Para no tener que enfrentarse a la población, avisaron cuando la decisión ya era un hecho, según ellos consultaron “con diversas áreas”, que seguramente no incluían ni al sector privado ni a voces ciudadanas que serán afectadas mes a mes. Para poder pasar por encima de la ley y de lo que es justo y decente, al impuesto le están llamando eufemísticamente “aumento a la tarifa eléctrica”, “cargo”, o “sacrificio”.
En la práctica, a quienes disienten se les trata como criminales y se les enfrenta con la Unidad de Mantenimiento del Orden, convirtiendo una protesta basada en la preocupación por el presupuesto familiar, como fue la de Bessy Ríos frente a Casa Presidencial, en un delito. En la práctica, se ignora a quienes se oponen a estos atropellos y se les tacha de oponerse al progreso. Aunque en teoría, los gobiernos existen para servir y representar a la ciudadanía, en la práctica el nuestro la exprime, demandando que de sacrificio en sacrificio, se quede sin nada que entregar.
*Lic. en derecho de ESEN con maestría en Políticas Públicas de Georgetown University. Columnista de El Diario de Hoy
@crislopezg