Sobre la contribución del 13 % que el Ejecutivo pretende aplicar al valor de la factura de energía eléctrica, no entraré a cuestionar su legalidad, ya que a todas luces ésta no pasa un mínimo examen de confrontación con la Constitución ni con el principio de reserva de ley para el establecimiento de tributos. Todo apunta a que estamos ante un arbitrio del Poder Ejecutivo, un fraude premeditado a la Constitución.
Prefiero llamar la atención de los lectores sobre las políticas de largo plazo, ya que el desafío de la industria eléctrica es responder a la creciente demanda de los hogares y las empresas, haciendo un balance entre las inversiones públicas de gran envergadura y el flujo de caja a corto plazo del Gobierno. En ese contexto, es de suponer que los objetivos de competitividad sobre la fijación de tarifas son los aspectos más relevantes para el órgano regulador; mientras que como normador, será el crear un ambiente de negocios sectorial que atraiga a la inversión nacional y extranjera, para un plan de desarrollo de largo plazo.
Además, una estrategia de largo plazo para el sector eléctrico debe fomentar la producción de energía por medio de un adecuado balance de la matriz energética, entre fuentes renovables y no renovables, con el fin de proveer electricidad a la sociedad al costo más bajo posible y de manera compatible con las mejoras continuas para la eficiencia y sostenibilidad del sistema.
Este mercado se había caracterizado por la preponderancia de la generación hidroeléctrica, dadas las bondades del río Lempa, cuyo caudal se agota. El uso del búnker incrementó la dependencia del mercado internacional del petróleo, encareciendo la estructura de generación, con lo cual perdimos competitividad regional. Se ha buscado invertir en energías renovables, como la geotérmica, aprovechando la bondad de la producción de vapor de nuestra geografía. Pero es un hecho que para estos proyectos el sector privado nacional no cuenta con la capacidad financiera para hacer frente a los montos de inversión requeridos por estos sistemas.
Ante las limitantes para abrir este mercado a la inversión del sector privado, el Gobierno ha asumido estas inversiones a través de empresas eléctricas estatales o mixtas, como CEL e INE. Es poco probable que empresas nacionales incursionen participando en proyectos hidroeléctricos o geotérmicos de gran inversión, a fin de buscar energías más baratas.
Algunos piensan que El Salvador es capaz de desarrollar su propia tecnología, pero siendo realistas, no contamos con la tecnología ni el “Know how”. Hay que formar alianzas, con alguien con experiencia y fortaleza financiera, pero si no se quiere trabajar con una empresa como Enel Greenpower ¿qué estamos esperando para buscar otras?
Sin embargo, es de recordar que recientemente Enel fue sacada por la puerta trasera, con un procedimiento atropellador que le dio mala fama al país, con la cual ninguna empresa estratégica se ha de sentir cómoda al ser invitada a invertir.
A lo anterior sumemos los cuestionamientos del banco alemán de desarrollo (KFW), el cual ha parado los reembolsos a la autónoma por riesgo de impago; y sumemos las acusaciones que le pesan de no reportar las ganancias de sus empresas como INE, sociedad anónima constituida por la autónoma. KFW cuestiona que se mantengan subsidios que resultan insostenibles, usando las finanzas y utilidades de CEL para mantener el subsidio a la electricidad, sangrado que viene desde los gobiernos de ARENA.
No se conoce ningún estudio técnico que avale el 13 % a la factura de electricidad, el cual sólo hará posible recuperar la iliquidez de CEL, la que con un Gobierno derrochador se continuará con el sangrado financiero a esta autónoma.
*Columnista de El Diario de Hoy
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