El analista del centro de análisis Diálogo Interamericano, en Washington, Kevin Casas- Zamora, habla sobre el problema de inseguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica y la acentuación de esta crisis en países como El Salvador, que el año 2015 disparó las tasas de homicidios a niveles de alerta roja a nivel mundial.
En entrevista con El Diario de Hoy, este académico de larga data en estudios sobre los principales problemas de la región centroamericana considera que cualquier estrategia inmediatista para resolver la crisis de inseguridad está condenada al fracaso.
La cooperación internacional que apuesta con fondos frescos para apoyar a los estados, se queda corta si no martilla en la parte dura del problema, que haya reformas para limpiar los estamentos policiales, de justicia y todo el ámbito de la seguridad pública.
¿Cuál es la percepción en torno a la inseguridad en el Triángulo Norte de Centroamérica que se tiene desde Washington y centros de análisis como este?
La percepción obvia es que es una situación muy deteriorada y que en términos generales no tiene muchas trazas de mejorar, sobre todo en casos como El Salvador; mal que bien en Honduras la tasa de homicidios ha bajado un poco en los últimos dos años, no estoy seguro de otros delitos cómo se están comportando, y en el caso de Guatemala no estoy tan seguro de lo que está pasando. Es claro que durante el gobierno de Otto Perez Molina hubo una mejora importante en la percepción de lo que estaba pasando en Guatemala, que hace unos cinco años se sabía que había un problemón serio de pérdida de control del territorio por parte del estado.
¿Cómo es que esa subregión se ve a la deriva entonces?
Hay una sensación de que los esfuerzos que están haciendo los países y la cooperación internacional son muy insuficientes en términos de la magnitud del desafío. Incluso lo que uno ve aquí que se discute con el Plan de la Alianza para la Prosperidad, que tiene un componente sobre el tema, es un gesto importante que marca un reconocimiento de Estados Unidos sobre la gravedad del problema y de la corresponsabilidad que en algún nivel tiene; pero no todo tiene que ver con la guerra contra las drogas. Aún con esto los recursos que se están poniendo a disposición con la Alianza para la Prosperidad son una gota de agua en el océano, comparado con la magnitud del problema.
¿Dónde cree que están los gérmenes que impiden acertar con una solución al problema?
Hay dos cosas fundamentales en esto: hay un deterioro muy grande en diferentes grados y en diferentes países, pero en especial en Centroamérica, de las instituciones policiales y de administración de justicia, de la capacidad del Estado para aplicar la ley.
¿Esto es como lo más evidente?
Si, un problema en el caso del Triángulo Norte es que las instituciones policiales y judiciales no solo no están a la altura de los problemas de orden público, sino que los empeoran.
¿En qué sentido?
Bueno, que en muchos casos están penetradas por el crimen organizado, por ejemplo.
Entonces ese es el primer gran problema que tiene que ver con el estado calamitoso de las instituciones de administración de justicia y policiales. Ojo, y esto no es exclusivo de Centroamérica, pero se manifiesta con particular intensidad en esta región.
¿Cuál es el desafío en este atolladero entonces?
El cómo construir Estados de Derecho dignos de ese nombre; a esa incapacidad de aplicar la ley hay otro segundo problema que es acaso más complicado todavía: la marginación de una parte importante de la juventud que está limitada su integración a la sociedad productiva, de educación y toda oportunidad laboral; esto crea una masa de hombres jóvenes que es muy difícil mantenerla alejada de las actividades ilícitas. Es una bomba de tiempo para la seguridad.
¿Qué papel ha jugado la clase política para bien o para mal con el problema?
Muy deficiente por muchos lados. Lo descompongo por diferentes puntos. Me parece que ha habido una tendencia a explotar políticamente el tema, cuando la situación de seguridad se deteriora mucho eso crea un incentivo para promover discursos por parte de los políticos que le ofrecen soluciones fáciles a la sociedad, en especial cuando se trata de ocupar la mano dura. Los políticos son solo, parcialmente, responsables de esto, porque el hecho es que la sociedad pone una gran presión en sus líderes pidiendo soluciones de corto plazo en un problema que en términos generales admite muy pocas soluciones inmediatas.
¿Eso indicaría una falta de calidad en los funcionarios electos?
Claro, pero ese es un primer problema con la acción de los políticos de ceder a la tentación de ofrecer soluciones de largo plazo. Un segundo problema que me parece que es central en esto es que los estados, sobre todo en el Triángulo Norte, son muy débiles, con una capacidad limitada de proveer bienes y servicios públicos.
¿Esa incapacidad de la clase política de resolver los problemas cree que puede ser por falta de visión o de intereses en medio del caos?
Puede ser falta de visión, pero puede ser también que son problemas muy complejos para resolver. Cuando se habla de crear oportunidades para la juventud implica buena educarla, dar oportunidades de entrenamiento laboral y cuando se habla de reconstruir desde la base las instituciones policiales y judiciales, cuando se habla de mitigar aunque sea en poco los problemas de debilidad fiscal, todas esas son cosas que no surten resultados inmediatos.
¿Pero alguien debería comenzar?
Es que sistemas democráticos están mal equipados para lidiar con problemas que requieren soluciones de largo plazo; la única manera de superar esto, tal como está la situación, es construyendo grandes consensos políticos que hagan que esas soluciones no estén sujetas a vaivenes políticos.
El caso de inseguridad, dada la gravedad que tiene el problema en los países del Triángulo Norte, si hay alguna área de la política pública donde debe haber prioridad sobre cualquier otra cosa es esta, porque estos países se están jugando el pellejo con este problema que se los está comiendo vivos.
Los organismos internacionales, los que dan préstamos y consultorías para atajar este problema ¿cuán atinados están en las vías de solución que ofrecen?
Yo no creo que mucho. No tengo claro cuándo hayan empujado los organismos internacionales y la cooperación para que haya políticas de estado en materia de seguridad pública, me da la impresión de que no mucho. Y la verdad es que la cooperación internacional está relativamente limitada para ayudar a los países de Centroamérica, sobre todo al estar hablando de problemas tan fundamentales como los que hemos mencionado; esos son problemas que solo los países mismos pueden resolver.
Aunque desde estos países se achaca mucho a que hay responsabilidad foránea en la crisis que atraviesan.
Yo siento una cierta incomodidad como centroamericano cuando veo que los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala desfilan aquí por Washington con el sombrero en la mano y vienen a decir a los tomadores de decisión de Estados Unidos que es responsabilidad de ellos (EE.UU) resolver el problema de inseguridad que tienen sus países; ese cuento es más complicado.
Yo le atribuiría primero una parte de la responsabilidad a la guerra contra las drogas, pero la responsabilidad fundamental del problema está en las sociedades centroamericanas.
Las razones por las que estos países del Triángulo Norte son vulnerables al crimen organizado no es solamente la geografía, tiene que ver más con el deterioro de sus instituciones judiciales y policiales, que hay un ejército de reserva para el crimen entre la juventud; tienen que ver más con que el crimen organizado se aprovecha.
¿Entre las soluciones inmediatas como la mano dura que usted mencionó qué efecto ha tenido?
Contraproducente. El prontuario que han ido acumulando las soluciones de mano dura en estos tres países y otros lados también es muy negativo. La mano dura muy rara vez logra resolver los problemas de inseguridad, lo que con seguridad logra es deteriorar la vigencia de principios cardinales del Estado de Derecho y la calidad del ejercicio de las libertades civiles, eso siempre lo deteriora. La mano dura, a lo sumo, puede llegar a resolver el problema de delincuentes de hoy, pero no los de mañana. En el largo plazo la única solución para resolver la inseguridad es la inversión en recurso humano.
¿Y la tregua puede ser viable?
Es el tercer elemento que ha fallado, el no entender que la única forma de crear una sociedad segura en el largo plazo es invertir en desarrollo humano y que en esto no hay atajos. Esta idea es particularmente relevante para El Salvador; uno de los problemas que hubo con la tregua fue que de alguna manera se creó la impresión de que había atajos para resolver los problemas de inseguridad y que ésta exoneraba a la clase política y a la sociedad salvadoreña en general de hacer las cosas difíciles que hay que hacer para crear una sociedad segura. La realidad se encargó de demostrar que la cosa no funcionaba así.
¿El nuevo rol de los militares en tareas de seguridad pública genera alguna preocupación y si hay riesgos reales?
A mí me genera una gran incomodidad, si pensamos que uno de los grandes logros de los Acuerdos de Paz en un país como El Salvador fue precisamente haber separado a las fuerzas armadas de las funciones de policía interna, haber transformado el modelo de seguridad creando una Policía Nacional Civil fuerte, fue uno de los grandes logros de esos acuerdos. Entonces, que ahora por la ventana estén entrando otra vez y asuman tareas policiales, me parece totalmente desafortunado.
Otros analistas han hablado de la militarización de las mismas policías.
Claro, yo creía que ese tema lo teníamos claro en América Latina que los problemas de orden público era una de las grandes lecciones que nos habían dejado las dictaduras, la conveniencia de separar esas funciones. Y ahora otra vez se están mezclando.
Se ha denunciado aquí en Washington ante la CIDH la aparición de escuadrones de exterminio ligados al aparato del estado salvadoreño. ¿Ha encendido algún tipo de alarma en centros de análisis como este?
No puedo opinar de eso porque lo desconozco, pero no me extrañaría; eso de los escuadrones de exterminio no es nada nuevo ni en Centroamérica, ni el resto del continente.
¿Cuáles son las acciones inmediatas que podría tomar la sociedad civil para trabajar proactivamente en el problema?
Uno entiende la gran desesperación que siente la gente porque le resuelvan ese problema de inseguridad, no se le puede culpar; sin embargo, creo que es fundamental y en esto los líderes políticos tienen un papel importante que jugar.
Primero que la sociedad entienda dos cosas: uno, que esto no tiene soluciones de corto plazo, que son muy pocas las cosas que se pueden hacer en el corto plazo; y dos, se debe hacer entender que hay una responsabilidad colectiva en la base de los problemas de inseguridad ciudadana.
¿Cómo que el problema es de todos?
Claro, por mucho que nos irriten y enojen las maras, por mucho que creamos que hay que darle severo castigo a los pandilleros, hay que entender que las maras no nacieron solas, estas no salieron de la oreja de una cabra; las pandillas son el reflejo de problemas sociales muy profundos.
La sociedad tiene que hacer un acto de introspección y entender que el solo castigo a los pandilleros, no importa cuán inmisericordemente se les castigue, eso no exonera a la sociedad de una responsabilidad más amplia en la generación del problema.
¿Qué cosas inmediatas pueden hacer los gobiernos para evitar que se asfixien buscando soluciones solo de largo plazo?
Creo que la región tiene un déficit enorme en el uso de sistemas de información a la hora de hacer políticas de seguridad pública. Las decisiones que se toman en esta materia son endebles, están sujetas a las ocurrencias de los ministros.
Cuando hablo de sistemas de información hablo de cosas tan básicas como que las autoridades de seguridad tengan acceso a encuestas de victimización que les diga en tiempo real lo que está pasando en los patrones de violencia y que se tomen decisiones sobre la base de esa información.
Hay que ver cómo limpiar la policía y el poder judicial, eso es clave. Las unidades de control interno de la policía y del poder judicial deben ser fortalecidas, para evitar que el poder judicial no se convierta en parte del problema.
¿También persiste la impunidad en esta subregión del continente no?
Ahí hay un punto importante de cómo crear incentivos para que la gente denuncie los delitos. Uno de los problemas fundamentales que tiene la región es que la gente no denuncia porque siente que denunciarlos es inútil, en el mejor de los casos y, en el peor, puede ser contraproducente. La falta de denuncia es un incentivo brutal para la delincuencia.