El Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) asegura que existen una serie de argumentos legales y constitucionales por los que los 17 militares que son requeridos por la justicia española para ser juzgados por el caso Jesuitas, no pueden ser extraditados a España.
Señala que si bien es cierto que la Ley de Amnistía no ampara a los militares acusados de las muertes de los sacerdotes Jesuitas, porque los hechos ocurrieron en el mismo período presidencial en el que se aprobó la amnistía, pero existen otras consideraciones legales y constitucionales que no permiten que sean enviados a ese país.
Detalla el referido centro jurídico que al momento de haberse cometido la masacre, el artículo 28 de la Constitución establecía una prohibición absoluta para extraditar a salvadoreños.
Otro de los argumentos jurídicos planteados es que el Código Penal que estaba vigente en ese momento, de 1973, y que de acuerdo a esa legislación, la acción penal prescribió 10 años después de los hechos, es decir, el 16 de noviembre de 1999.
Señala además que la legislación penal vigente al momento de los asesinatos de los Jesuitas no contemplaba la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, el cual fue incorporado a la legislación salvadoreña hasta en 1998.
Además, el artículo 5 del Tratado de Extradición con España expresa que uno de los motivos para denegar obligatoriamente la extradición es que si la persona extraditable “ha sido juzgada y definitivamente absuelta o condenada en la parte requerida por la comisión del delito por el que se solicita su extradición”.
El CEJ espera que la CSJ tome en cuenta sus consideraciones legales y que “resuelva este tema de una vez por todas”.