El proyecto de la Villa Dueñas sigue despertando polémica. Ayer la diputada de ARENA, Ana Vilma de Escobar, informó que ante la falta de transparencia en el caso ha pedido a la Corte de Cuentas de la República (CCR), que audite las obras que allí se realizan.
Mientras tanto, la presidenta del Congreso, Lorena Peña, dice que tienen que continuar las obras y evitar demandas.
En ese espacio que fue comprado por la Asamblea a un costo de $4.8 millones al Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA) durante la administración de Sigfrido Reyes, se ha invertido más de $6.9 millones para construir la biblioteca, un auditorio y obras exteriores.
Sin embargo, las empresas constructoras han informado a la Junta Directiva que debido a “imprevistos” en los contratos firmados piden a los diputados que avalen “órdenes de cambio” en los convenios para aumentar el costo de las obras en $600 mil.
Específicamente, los ingenieros argumentan de que es necesario hacer 600 metros lineales de construcción de vigas y no 120 como habían convenido originalmente.
“Había aumentado los metros lineales de viga porque había una inestabilidad del terreno”, explicó de Escobar.
Lo anterior se debió a un error de diseño de suelos que también fue contratado en el periodo de Reyes, explicó en días pasados el diputado tricolor y miembro de la Junta Directiva, Norman Quijano.
Por todo esto es que también Escobar aduce que votó en contra cuando el pasado 29 de junio la diputada del FMLN, Lorena Peña, pidió en reunión de Directiva votar la aprobación del incremento.
Escobar afirma que Peña no da mayores detalles del porqué del aumento y que además, la solicitud de las empresas no cumplen con las condiciones que exige la Ley Lacap.
“Para este efecto, nuestro ordenamiento jurídico dicta disposiciones que se refieren a la comprobación de hechos imprevistos y comprobados, previo a la autorización de órdenes de cambio”, reza parte de la petición que De Escobar hizo llegar el lunes a la CCR.
Agregó que Peña tampoco explica de dónde sacará la Asamblea los $600 mil más que piden las empresas.
Escobar asegura que ha intentado contactar al administrador del proyecto, Ludovico Samayoa, pero no fue posible. El funcionario es también es asesor de Peña y fue contratado en septiembre de 2015, según el listado de asesores publicado en el portal de transparencia legislativa.
De Escobar basa sus cuestionamientos en los aspectos técnicos que dicta la Lacap de que cuando se aducen “imprevistos” para hacer órdenes de cambio, estos deben ser comprobables para que no haya responsabilidad patrimonial que recaiga en los funcionarios públicos que los avalan. Para ella, fue una falta de “planificación” lo que pasó.
Pero Peña explicó en Twitter que De Escobar tiene derecho de ir a la CCR cuando los trabajos acaben. “Nosotros estamos en la obligación de terminar esa obra y tomar las decisiones que sean legalmente correctas y necesarias, para que puedan llegar a feliz término sin litigios ni demandas, ni de nuestra parte, ni de la empresa en concordancia con la Ley Lacap”, afirmó.