La Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, CSJ, admitió hoy una demanda sobre el acuerdo de reforma que modifica los artículos 124 y 202 inciso 2 de la Constitución, ampliando el periodo de diputados y concejos municipales de tres a cinco años.
Esta semana, los diputados de la Comisión de Reformas Electorales acordaron ratificar la reforma constitucional que le permitiría a los diputados y alcaldes pasar de tres a cinco años en sus cargos, medida que aplica a los diputados al Parlamento Centroamericano (Parlacen).
[Comunicado] Se suspende proceso de reforma constitucional que amplía periodo de diputados y concejos municipales https://t.co/T4I7PbEXE2
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 6 de julio de 2016
El acuerdo consistió en ratificar la modificación aprobada en primera vuelta el 23 de abril de 2015, días antes de que terminara el periodo de la legislatura pasada.
“Hace un par de meses se solicitó que cada grupo parlamentario hiciera las consultas con sus alcaldes, sus estructuras y organismos de mando y a Comures, cuando ya se tuviera como el aval de todos lo íbamos a tocar (el tema), así que el periodo (legislativo) pasado fue unánime la votación, votamos todos los partidos políticos la primera vez, la ratificación también será unánime el jueves”, aseguró el jefe de fracción de ARENA, Alberto Romero en ese momento.
El decreto entraría en vigencia a partir de las próximas elecciones municipales y legislativas de 2018; sin embargo, los diputados y alcaldes que resulten electos de esos comicios permanecerán en sus puestos cuatro años.
Lo anterior sería así para evitar que los procesos electorales municipales y legislativos choquen con los presidenciales, informó la diputada del FMLN, Jackeline Rivera.
Añadió que para ese efecto también emitieron ayer un decreto transitorio, por lo tanto, el periodo de cinco años para diputados y alcaldes se haría vigente para los que salgan electos en 2022.
De acuerdo a Rivera esa medida permitirá que el Estado ahorre unos $200 millones en un periodo de 15 años, tomando en cuenta que cada jornada electoral cuesta alrededor de $25 millones, y a esto se suma que hay una erogación del Estado para ayudar a los partidos en su campaña, denominada “deuda política”.
Con la admisión de la demanda la Sala detiene el proceso promovido por los diputados.