Ayer se venció el plazo que la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) le dio a la Unidad de Transacciones (Administradora del Mercado Mayorista de Energía Eléctrica en El Salvador), para que pudiera entregar su resolución respecto al nuevo cargo del 13 % en la tarifa eléctrica.
Aunque este medio de comunicación no tuvo acceso para hablar con algún representante de la entidad, extraoficialmente se conoció que representantes de la UT se reunieron ayer por la tarde para discutir el tema, y que se negaron a atender a algunas diputadas que se hicieron presentes al lugar.
“Nos preocupa que la Siget le ha dado tres días a la UT para resolver sobre el tema que se aplique a la tarifa el cargo de 13 %, lo que nosotros queríamos era advertirle a la UT sobre la ilegalidad en la que ellos van a incurrir si sabiendo que el mandato de ellos por ley es aplicar a la tarifa los costos por producir y generar, que ellos apliquen un costo que no está nada relacionado con lo que establece la ley”, dijo la diputada de Arena, Karla Hernández.
La presidenta de la comisión de Economía de la Asamblea Legislativa, Margarita Escobar, reclamó que la Siget solo le dio 72 horas a la UT para resolver el tema.
Según se conoció anteriormente, la Siget envió el Decreto Ejecutivo No. 39 a la UT el viernes pasado. A partir de entonces se le dieron tres días hábiles para resolver si el documento lo aprobaban como tal o si le hacían modificaciones. “Nosotras llegamos a la UT pero nos dijeron que no podían recibirnos ese día porque tenían presión de tiempo que la Siget les había estipulado para dar respuesta ese mismo día y que tenían el tiempo corto”, relató Escobar.
“Cuando ellos quieren dinero todo lo hacen exprés, tanto así que la misma Siget puso un plazo de tres días, cuando es un tema que es bien difícil, que una unidad técnica no puede determinar sin un estudio previo, sin una carpeta de análisis”, advirtió la diputada Hernández.
Tal como lo han indicado los expertos en la materia, este decreto que aprobó el Presidente de la República y el Ministro de Economía, tuvo que haber salido de la UT y posteriormente haber sido aprobado por la Siget, pero el proceso lo han hecho al revés.
El problema es que la forma en la que se quiere aplicar, de forma casi inmediata, ha dado paso a que se especule sobre la urgencia de que lleguen fondos a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). No es para menos, según lo reza el documento firmado por el Ejecutivo, el pasado 16 de junio, este nuevo cargo entraría en vigencia a partir del próximo 15 de julio y sería destinado para “inversión social” que realizará la autónoma, reza el decreto.
De ahí que diversos sectores hayan salido al paso a criticar que el Gobierno únicamente anda buscando sacrificar a los salvadoreños con nuevos impuestos.
Pese a que los funcionarios de Gobierno han señalado que este nuevo cargo es únicamente de un centavo, y que es para diversificar la matriz energética, la realidad es que es un nuevo impuesto que quieren cargar por la urgencia de fondos, ha advertido el sector empresarial.
Aunque el decreto ha sido fuertemente criticado por los salvadoreños, y los empresarios han advertido que esto solo continuará dañando el bolsillo del pueblo, el Gobierno no ha dado muestras de dar marcha atrás con este nuevo cargo.