Recientemente un grupo de ciudadanos comenzó la difícil y ardua tarea de solicitar a los partidos políticos más grandes, un listado con información sobre donantes y montos donados para las elecciones de 2015. Ante esto, algunos partidos negaron rotundamente la información y otros entregaron datos incompletos. Su escudo ha sido el art. 24-A de la actual Ley de Partidos Políticos, que autoriza a los partidos a entregar los nombres de sus donantes siempre y cuando exista una autorización “previa y expresa de los mismos”.
Resulta no solo curioso sino también preocupante que se deniegue el acceso a la información pública haciendo uso de este artículo en particular. Ya que, según resolución de la Sala de lo Constitucional, no tiene ningún efecto jurídico porque entorpece y dificulta conocer este tipo de información. Sin embargo, casi dos años después, la protección de los datos de los donantes de los partidos sigue siendo el principal argumento para reservar dicha información, aún en contravención de lo establecido por la Sala. Exigir a los partidos políticos transparencia en su financiamiento no representa nada más que un deber de fiscalización que como ciudadanos tenemos.
Los partidos políticos son instrumentos de representación que contribuyen a formar la voluntad política. A nuestros diputados hemos confiado la defensa de nuestros intereses en la Asamblea Legislativa y aunque a más de alguno se le olvida, no están ligados por ningún mandato imperativo (art. 185 Cn.).
Como ciudadanos tenemos un interés legítimo en conocer quiénes financian esas instituciones, ya que esta información nos permite enterarnos no solo de la procedencia legal del dinero sino qué sectores se encuentran detrás de ellos y así, poder advertir posibles conflictos de interés.
Es parte de nuestro deber como ciudadanos activos trabajar porque la lucha contra la corrupción no sea obstaculizada. Transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información no son conceptos que pueden analizarse aisladamente. La rendición de cuentas no solo fortalece la democracia sino refuerza la confianza depositada en nuestros representantes. Conocer a los donantes de los partidos significaría un claro avance y generaría un fuerte desincentivo para prácticas corruptas. Es por esto, que debemos luchar por que esta información sea de conocimiento público y exigir a los partidos que se vuelvan más transparentes y no se escuden detrás de un artículo que violenta el derecho de acceso a la información pública.
*Licenciada en
Ciencias Jurídicas de la ESEN
Twitter: @NatySantos