La sociedad civil organizada debe cuidar que la “política de participación ciudadana” impulsada por el gobierno no manipule la voluntad de la población para justificar proyectos populistas, confiscatorios y financieramente insostenibles. El involucramiento de las mayorías en la contraloría de los fondos públicos, en el cumplimiento de las promesas electorales y en las manifestaciones de rechazo ante las actuaciones que arriesgan las libertades fundamentales, es, no sólo necesario, sino indispensable para el adecuado funcionamiento del sistema político.
El peligro se manifiesta cuando, arropada en una supuesta política de Estado, las autoridades pretendan demostrar las “bondades” de un plan, simulando consultas populares y referéndums encubiertos. Debemos aclarar que todo creyente del sistema democrático no puede ni debe rechazar la potestad del “pueblo” para delegar en sus representantes la administración del Estado. Si las autoridades lo hacen mal, la democracia también provee controles y mecanismos para que los electores auditen a sus delegados, les pidan cuentas y, si es necesario, los sustituyan por otros que agilicen la solución de los problemas nacionales.
Que la gente pretenda participar directamente en la gestión pública es muy complicado. Su papel es el de vigilar que los obligados a dirigir las instituciones asuman responsablemente su tarea. Pero los reclamos y la colaboración deben ser legítimos y no superficiales o concebidos por maniobras gubernamentales orientadas a manipular los sentimientos para hacer creer que una determinada decisión del presidente y su equipo cuenta con el aval de los habitantes.
Ciertamente en la “política de participación ciudadana del Órgano Ejecutivo” no se consideran como mecanismos para su ejecución a los referéndums. Se habla de “consultas ciudadanas”, “planificación participativa”, “rendición de cuentas” y “contraloría ciudadana”. En efecto no podrían impulsarse consultas con las características señaladas en el artículo 89 de la Constitución de la República, única disposición que avala este instrumento para conocer el criterio de los salvadoreños respecto de la constitución de la “República de Centro América”.
La democracia directa, a la que ya nos hemos referido en esta columna de opinión, ha sido utilizada por algunos gobernantes para concentrar poder político. Excepcionalmente este método es empleado por los ciudadanos debido a la inversión financiera y a la capacidad de organización que requiere. Así lo señalamos la semana anterior cuando tratamos el tema del Brexit y del revocatorio de mandato del presidente Nicolás Maduro. Dos ejemplos en los que el impacto y la finalidad que se persiguen son muy diferentes.
Si bien constitucionalmente no es posible la implementación de este tipo de intervención directa de los ciudadanos y además hay temas como el de la “forma de gobierno” –republicana, democrática y representativa- que no podrían ser modificados, El Salvador regula las consultas populares en el Código Municipal desde el 2006. En diez años, apenas tres o cuatro alcaldías han utilizado este derecho y en ninguno de los casos ha sido impulsado por la población.
Temerle a la voluntad popular e ignorar que es el pueblo, y no las autoridades, el titular del poder político, y que éstas últimas son solo depositarias de la voluntad ciudadana, sería la contradicción más escandalosa de un demócrata. Lo que asusta e inquieta es que el “activismo” que promueve la política de participación anunciada por el Ejecutivo, se trate más bien de un disfraz, al estilo nicaragüense o venezolano, donde las campañas publicitarias han alimentado el clientelismo político, con el propósito de “persuadir” conciencias para las próximas elecciones.
Si en realidad se busca que los ciudadanos incidan en “todo el ciclo de las políticas públicas”, el verdadero procedimiento para lograrlo es el de la evaluación periódica de los resultados que producen las acciones de los ministerios. A quién consultar, qué consultar, dónde hacerlo y bajo cuáles reglas son cuestiones que revelarán las verdaderas intenciones de los impulsores de la política. Abrir espacios a la población es la mínima obligación de cualquier administración pública responsable; adulterar los deseos y anhelos que resulten de esa apertura, inventando resultados que en realidad son inalcanzables e insostenibles con el propósito de implementar medidas que de otra manera no podrían concretarse, es engañar y timar la voz y conciencia de la colectividad.
*Columnista de El Diario de Hoy