La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) congeló el acuerdo de la Asamblea Legislativa para ampliar a cinco años el plazo de los diputados y alcaldes, al tiempo que también frena las intenciones de aumentar en esa misma medida el tiempo de los otros titulares de instituciones como la Corte de Cuentas, la Fiscalía General y la misma Corte Suprema.
La Asamblea “queda temporalmente inhibida de ratificar el acuerdo número 3, mediante el cual la legislatura 2012-2015 acordó reformar los artículos 124 y 202 inciso 2 de la Constitución. Ello debido a que posiblemente se ratificaría una reforma a la Constitución que habría violado una etapa del proceso constitucional”, dice el comunicado de la Sala emitido ayer tarde.
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La resolución responde a una demanda que plantea que debe existir la efectiva posibilidad de que el pueblo intervenga, participe o se pronuncie sobre la reforma constitucional, lo que únicamente es viable si el acuerdo de reforma se adopta antes del proceso electoral y si antes de la elección que configurará la siguiente Legislatura el pueblo puede conocer la postura de los candidatos a diputados frente a dicha reforma.
El demandante señala que el 1 de marzo de 2015 se realizaron elecciones legislativas y que el 23 de abril de 2015 (dos meses después de las elecciones de diputados y a 7 días de la conclusión de las funciones de la legislatura 2012-2015) se aprobó el acuerdo número 3, que contiene la modificación al periodo de los diputados y concejos (de 3 a 5 años). Es decir, con ello se habría privado al pueblo salvadoreño de pronunciarse sobre el tema de la reforma constitucional.
Ante esto, la Sala considera que la reforma plantea una posible vulneración del “principio de legitimación popular de la reforma constitucional”, es decir, entre legitimación popular entre legislatura y reforma constitucional.
Por lo anterior, los magistrados admitieron formalmente la demanda para estudiarla y resolver en definitiva, por lo que mientras tanto el proceso en la Asamblea queda suspendido.
El Tribunal Constitucional estudiará también el caso de cara a evaluar las intenciones de ampliar los plazos sobre los funcionarios de segundo grado (magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General de la República, Corte de Cuentas de la República, entre otros).
La resolución fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Rodolfo González.
Comunicado: Sala suspende proceso de reforma constitucional que amplía periodo diputados y concejos municipales pic.twitter.com/bBcrAfuvdf
— CorteSupremaSV (@CorteSupremaSV) 6 de julio de 2016
El presidente de la Sala, magistrado Óscar Armando Pineda Navas, emitió un voto en el que aclara que si bien está de acuerdo con la admisión de la demanda, ya que considera que cumple con los requisitos de una pretensión de inconstitucionalidad, no lo está con el congelamiento del proceso de reforma, pues, a su juicio, no genera problemas porque la ampliación de plazos de los funcionarios no cobraría vigencia hasta 2018.
En todo caso, los magistrados le ordenan a la Asamblea que rinda informe dentro del plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la notificación de la resolución, de la misma manera que le piden a la Fiscalía que siente su posición.
En sus argumentos, la Sala argumentó que la sentencia 7-2012 le da la potestad para suspender la aprobación de dicha reforma, ya que “la Asamblea Legislativa es un órgano constituido, por lo que sus decretos vienen limitados por la Constitución”.
Es más, considera que el máximo tribunal desempeña una función relevante en la democracia constitucional salvadoreña, “que lo erige como el guardián de la Constitución”, además advierte que no es necesario que la enmienda esté vigente para prohibir sus efectos.
Los diputados acordaron el martes aprobar la reforma para ampliar los períodos de alcaldes y diputados. Dicha reforma requiere de 56 votos, ya que se trata de una ratificación a la Carta Magna.
Tal como se acordó, el decreto entraría en vigencia a partir de las próximas elecciones municipales y legislativas de 2018; sin embargo, los diputados y alcaldes que resulten electos de esos comicios permanecerán en sus puestos cuatro años.
Lo anterior pensando en que los procesos electorales municipales y legislativos no choquen con los comicios presidenciales de 2024, por lo que en el decreto propuesto por los legisladores dejaba claro que el período de cinco años iniciaría con los ediles y legisladores electos en 2022.
Los diputados argumentaron que con esta enmienda generarían un ahorro al Estado, en vista de que no se realizarían elecciones con tanta frecuencia.
Diputadas como Jackeline Rivera, del FMLN, sostuvieron que dicha medida permitirá que el Estado ahorre unos $200 millones en un periodo de 15 años, tomando en cuenta que cada jornada electoral cuesta alrededor de $25 millones, además de la ya acostumbrada “deuda política”, que es una erogación del Estado para ayudar a los partidos políticos para su campaña.
Asimismo, consideraron que los alcaldes tendrían oportunidad de cumplir con sus planes municipales con más efectividad si se les amplía el plazo de gestión.
[Resolución] Se suspende proceso de reforma constitucional que amplía periodo de diputados y concejos municipales https://t.co/4pQovV6ig8
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 6 de julio de 2016