El Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeh Johnson, realizó una serie de valoraciones sobre la crítica situación de inseguridad ciudadana en El Salvador al firmar el documento oficial -a publicarse en el Registro Federal este viernes 8 de julio- para extender el Estatus de Protección Temporal, TPS, a unos 195 mil salvadoreños amparados al beneficio migratorio desde el año 2001.
La corrupción, la violencia generalizada por parte de las pandillas, las extorsiones y la impunidad reinante en El Salvador; más el parco progreso económico son parte central de las consideraciones tomadas en cuenta por el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, para revalidar la estancia legal en Estados Unidos a los compatriotas desde el 10 de septiembre próximo hasta el 9 de marzo de 2018.
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Según el documento en revisión final -este jueves- y en lista de publicación en el Registro Federal, o Diario Oficial de Estados Unidos para hoy, con el que se convoca a los salvadoreños a reinscribirse a partir de la fecha de publicación en un periodo de 60 días, El Salvador no ha presentado progresos desde el año 2001 que sucedieron los terremotos de enero y febrero de ese año.
Es más en el documento de 25 páginas se deja ver que, a razón de los informes de las diferentes agencias del gobierno estadounidense que compilan datos para que de DHS tome la decisión final de la prórroga, hay indicios que algunos aspectos como la seguridad ciudadana presentan serio detrimento.
“Los salvadoreños pagaron en 2014 unos $756 millones de dólares en extorsiones a las pandillas, lo que representa alrededor del tres por ciento del Producto Interno Bruto, PIB; el estudio (del PNUD y del BCR de abril de 2016) indica que el costo de la violencia incluyendo lo que los hogares gastan en seguridad erosiona los ingresos de las personas, casi un 16 por ciento del PIB, el más alto de Centroamérica”, reza el informe en el apartado a la pregunta de ¿Por qué El Salvador es elegible para una nueva prórroga?
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También deja sentado que tanto los planes de gobierno para enfrentar la crítica situación de inseguridad como la misma percepción de la ciudadanía indican que el problema ha tendido a agudizarse, por lo que no hay buenas perspectivas de mejora. “Hay poca confianza en que la situación de seguridad mejorará en el corto plazo”, dice otra consideración hecha por la administración del presidente Barack Obama.
El documento señala en repetidas veces el clima de violencia acentuado por la letalidad de muertes violentas, las extorsiones y el creciente ambiente de robos a los que el gobierno salvadoreño debe hacer frente, con las pandillas MS-13 y Mara 18 señaladas como principal agentes del crimen.
“La policía sufre de escasez de recursos e inadecuada formación, la corrupción y un sistema judicial débil, con una tasa de condenas muy baja más los altos niveles de corrupción propician un ambiente de impunidad. Con base a esta revisión y después de consultar con las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos el Secretario de DHS determina que las condiciones al 9 de marzo de 2001, cuando se designó el TPS para El Salvador continúan”, explica el acuerdo oficial.
El parco progreso económico que agudiza la situación
La falta de seguridad de los salvadoreños y el deterioro del clima de bienestar social representan para las autoridades estadounidense entorpecen el progreso país. “El aumento de la violencia y la inseguridad es también un obstáculo importante para el crecimiento económico”, reza el documento para llamar a la reinscripción del TPS para los salvadoreños.
A la situación de inseguridad señalada se suma los problemas fiscales del gobierno, como otra vertiente que agudiza la crisis con una fuerza laboral cercana a un tercio de su población económicamente activa que sobrevive del subempleo.
Las cifras compiladas por el gobierno de Estados Unidos les indican que hay un paulatino deterioro de los indicadores de desarrollo de El Salvador, y refuerzan sus postulados con los datos del año 2014 hechos públicos en el país, como el que la pobreza extrema ha aumentado a más del 31.9 por ciento en los hogares salvadoreños, en los años recientes, después de periodos de cierta mejoría hasta mediados de la década pasada.
En años anteriores, las consideraciones para ampliar la prórroga del TPS para los connacionales se hacía hincapié en los efectos catastróficos de fenómenos naturales, como lluvias, actividad volcánica e inundaciones, que causaban estragos; no obstante, esta vez, si bien se señalan de manera rápida como causales del deterioro, el documento centra su interés en la crisis de inseguridad y como consecuencia esto deteriora el clima económico del país.
Sobre los terremotos del año 2001, cuando el entonces presidente George W. Bush avaló el TPS para los salvadoreños, DHS deja ver que como consecuencia de esos eventos catastróficos aún persiste déficit habitacional de más de medio millón de viviendas.
“El Salvador se enfrenta a un déficit de vivienda de aproximadamente 630,000 casas, creadas en parte debido a 340,000 hogares destruidos en el 2001 terremotos todavía no han sido reconstruidas”, expresa.
A la vez, consideran que el país no ha llegado a tener una cobertura total de servicios básicos como agua potable y electricidad con lo que se acentúa la pobreza y pone de manifiesto el marco crecimiento económico del país en comparación con sus vecinos centroamericanos.