Los constantes ataques de las pandillas contra policías y soldados, las emboscadas de estos grupos ilegales a las patrullas policiales y militares; así como los atentados a sus familias ha provocado que los miembros de estas fuerzas combinadas “sean llevados a una condición de psicosis de guerra”, señala el diputado por ARENA y exdirector de la Policía Rodrigo Avila.
Sin el ánimo de defender a los policías del Grupo de Reacción Policial (GRP) que son acusados de haber dado muerte a un joven que no era pandillero en el marco de un enfrentamiento donde murieron siete pandilleros, el diputado Avila sostuvo que “bajo esas condiciones no se puede pretender también que de vez en cuando no se les vaya la mano”.
Agregó que la situación por la que han vivido policías y soldados en el último año y medio ante los constantes ataques de las pandillas -más de 300 solo en 2016-, los ha llevado a “una situación de estrés y a una situación bien difícil, donde también pueden cometer errores, bien graves”.
En ese sentido, Avila espera que las investigaciones de la Fiscalía sean serias y objetivas para que se pueda esclarecer si alguno de los policías actuó o no fuera de la ley.
Agregó que si alguno de los policías abusó de su autoridad, entonces tendrá que responder ante los tribunales de justicia.
El viernes pasado, la Fiscalía reveló que desde el martes pasado se habían girado órdenes de captura contra siete agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP), a quienes acusa de haber dado muerte a un joven que cuidaba la finca San Blas en San José Villanueva, La Libertad; la madrugada del 26 de marzo del año pasado. Cuatro de los policías reclamados están detenidos, uno de ellos se presentó voluntariamente.
Avila sostuvo que en el último año y medio, las pandillas han incrementado su nivel de respuesta violenta en contra las fuerzas de seguridad.
“Estos grupos criminales en particular han mutado y le dan preferencia a esa forma de respuesta violenta, pero no solo se quedan ahí han atacado de manera sistemática y en un esquema de terrorismo a miembros de la Fuerza Armada y de la Policía”, dijo Avila.
Por su parte, el Movimiento de los Trabajadores de la Policía cuestionó en redes sociales las capturas de los agentes del Grupo de Reacción Policial (GRP) y recordaron que las autoridades los felicitaron por dicha acción y ahora los acusan de homicidio.
“No esperen felicitaciones por esa acción (capturas de agentes del GRP), sino más bien, el repudio hacia ustedes autoridades del Gobierno, incrementará, y tampoco esperen que nos sacrifiquemos por mantener su paraíso”, señala el referido movimiento a través de redes sociales.
Con relación a los cinco policías que los vinculan con un grupo de exterminio en el Oriente del país, el diputado Avila explicó que este tipo de grupos ilegales surgen cuando las personas o los agentes de autoridad no sienten que obtienen respuesta a la inseguridad de parte del Estado.
“El problema es que cuando algunas personas o algunos miembros de las instituciones perciben que la ley no les da, una fuerza, un respaldo para poder actuar contra estos grupos que están de manera abierta controlando el territorio, entonces se cae en la tentación de que algunas personas, ya sean particulares o miembros de las instituciones se quieran tomar la justicia por sus manos”, dijo Avila.
El diputado por de Concertación Nacional (PCN) Antonio Almendáriz sostuvo que los esfuerzos que hace el Estado por reducir los altos índices de criminalidad no le dan espacio para que existan grupos de exterminio.
“Hoy menos que nunca se pueden permitir ese tipo de grupos de exterminio, todo lo contrario, hoy más que nunca la gente tiene que estar segura de que hay garantía del Estado para que la justicia impere”, dijo Almendáriz, quien agregó que “no debe de existir ningún ajusticiamiento ni otro tipo de medidas que se tome el ciudadano sin que este basada en la ley, la pena de muerte no existe en el país y por lo tanto el Estado tiene que combatir los homicidios vengan de donde vengan”.
Reconoce que la desesperación y el deseo de venganza de víctimas de la delincuencia siempre representa un peligro. En ese sentido, Almendáriz considera que hay que esperar los resultados de las investigaciones judiciales para saber si los policías detenidos son culpables o no, porque nadie puede ser declarado culpable sin antes ser oído y vencido en juicio, sostuvo.
Avila, por su parte, cree importante que se aprueben instrumentos legales más idóneos y consecuentes con la realidad delictiva que vive el país. En ese sentido, se ha propuesto la Ley de Defensa Social; así como el Registro Nacional de Pandillas.
“Al aprobar una ley como la Ley de Defensa Social se puede extraer del territorio a éstas personas con la fuerza que tiene el Estado de ley y eso le quitaría muchísima la posibilidad a la tentación de que la gente se quiera tomar la justicia por su propia mano”, dijo.