Con el voto del diputado suplente de GANA, José Gabriel Murillo, quien a última hora llegó a la Comisión de Legislación, se acordó ayer enviar al archivo la petición de la Fiscalía General de hacerle antejuicio en contra del exministro de la Defensa, Atilio Benítez.
El año pasado ocurrió algo similar al aprobar $900 millones en bonos. En esa ocasión el voto 56 se logró con el diputado suplente de GANA, Wilfredo Guevara, razón por la cual la Sala de lo Constitucional ha suspendido la emisión de los títulos valores.
De esa misma manera, el FMLN logró ayer junto a su aliado GANA, cinco votos para frenar la petición que el fiscal Douglas Meléndez envió a la Asamblea Legislativa para que le retiraran el fuero al extitular de Defensa y poderlo enjuiciar por los delitos de estafa y tráfico ilegal de armas.
Después de escuchar el informe técnico de la Comisión de Legislación, los diputados Mario Tenorio, de GANA, y Jackeline Rivera, del FMLN, defendieron que el requerimiento fiscal no reunía los seis requisitos que establece el artículo 294 del Código Procesal Penal para poder retirarle el fuero al funcionario.
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Los delitos que se le imputan a Benítez ocurrieron en la época en que se desempeñó como viceministro de la Defensa, siendo el titular de ese entonces, el actual ministro David Munguía Payés. Benítez funge actualmente como embajador en Alemania.
Sin embargo, para el diputado de ARENA, René Portillo Cuadra, lo que busca el FMLN junto a GANA, es poner un “tapón” para evitar que otros funcionarios militares de alto rango no salgan salpicados en el proceso de investigación. Cuestionó que defienden la “impunidad”.
“Este procedimiento de venta de armas se dio cuando todavía el general Benítez era el viceministro de la Defensa y Munguía Payés era el ministro, es probable que él esté involucrado, no lo podemos asegurar ni tampoco lo podemos descartar”, aseveró.
A juicio de Portillo Cuadra, el FMLN y GANA han hecho uso de un “juego político” y una “argucia legal” para “confundir” a la población, basándose en que el requerimiento fiscal no cumplió con los seis criterios que establece la ley.
Los requisitos en cuestión
El informe que brindó la técnica de la Comisión de Legislación concluyó que el informe de la Fiscalía sólo cumplía con tres de los seis requisitos.
Rivera explicó que en atención a una sentencia de la Sala de lo Constitucional que ordenó a los diputados que el único que podía pedir antejuicios es el Fiscal y que, además, debía cumplir con todos los requisitos que dicta la ley, es que la comisión decidió enviar al archivo la petición fiscal por no reunir el documento fiscal los criterios de ley.
Según Rivera y Tenorio, el informe técnico determinó que el Fiscal no detalló lo siguiente: no puso un plazo de instrucción, no citó la acción civil y no se estableció la falsedad de los documentos.
Al respecto, Portillo Cuadra explicó que el plazo de la instrucción se interpone en sede judicial y que la Fiscalía no es la que se lo dice a la Asamblea, porque el Reglamento Interno del Congreso ya determina que son seis meses, que la acción civil es potestad de la Fiscalía, y que probar la falsedad o no de un documento lo hace un juez, no la Asamblea.
Aunque Rivera dice que el Fiscal ya no puede enviar otro requerimiento, Portillo Cuadra subraya que sí, y lo fundamenta en que aún no se había formado la subcomisión.