La semana pasada, la Fiscalía General de la República giró órdenes de detención en contra de policías que presuntamente participaron en ejecuciones extrajudiciales. Muchos ciudadanos han reaccionado de forma adversa ante esta acción, reclamando a Douglas Meléndez, fiscal general, que deje en paz a los policías y que mejor se dedique a perseguir a los pandilleros. Las críticas se han agudizado por declaraciones endebles ofrecidas por Meléndez esta semana en relación al caso y la solicitud de reserva presentada ante los tribunales.
Aunque el fiscal se ganó la simpatía de muchos al principio de su gestión, por alinear sus posturas y acciones en casos críticos con la de la ciudadanía, sus declaraciones y acciones posteriores están erosionando progresivamente la percepción favorable que tenía entre los salvadoreños. Hay muchos casos en los que el fiscal Meléndez ha incursionado con un discurso y acciones fuertes, pero al final ha ablandado su posición y abordaje. En el caso de “la tregua”, por ejemplo, la Fiscalía creó expectativas entre los ciudadanos que, hasta la fecha, no ha logrado cumplir.
Lógicamente, la ciudadanía, agobiada por las pandillas y defraudada por promesas que no han sido cumplidas, rechazó con vehemencia la captura de policías por presuntamente matar a pandilleros. La crisis en seguridad ha llegado a un nivel tal en que matar a pandilleros se ve como algo justificable y, para algunos, hasta necesario. La actitud punitiva del colectivo ha alcanzado sus niveles más altos. Es común escuchar en conversaciones cotidianas sobre la situación nacional, entre personas comunes y corrientes, sobre la necesidad de eliminar a los pandilleros. Este es el sentimiento que prevalece entre la ciudadanía y, evidentemente, no es compatible con la captura de policías acusados de supuestamente hacer lo que la gente clama.
Matar a los pandilleros, sin embargo, no es la solución. Mucho menos el fomentar u ordenar la formación de grupos de exterminio al interior de los cuerpos de seguridad. La historia de otros países, en donde se han enquistado este tipo de estructuras en los aparatos de seguridad, ha demostrado que esto no soluciona el problema, lo complica aún más. Para muchos suena atractivo y hasta loable que un grupo de policías salga a la calle a cazar pandilleros para matarlos y, de esa forma, hacer justicia en nombre de las víctimas. Es el mismo sentimiento que hace, por ejemplo, que a la gente le guste las películas de superhéroes o personajes como el asesino en serie del programa televisivo Dexter, que solo mata a delincuentes. El que maten o agredan a delincuentes hace parecer que están del lado correcto de la eterna y mítica lucha entre el bien y el mal. Esto hace que sus acciones ante los ojos de los espectadores sean justificables y, en muchas ocasiones, éstas incluso se proyectan como necesarias, aunque no sean legales.
Sin embargo, Dexter y los superhéroes no son más que películas y programas ficticios. La realidad es diferente y sugiere que violar la ley para atrapar o neutralizar a delincuentes, con el tiempo, crea un problema aún peor del que se pretende atacar. El Salvador, además de los efectos nocivos que esto puede tener en contextos normales, presenta amenazas aún más serias. La implementación de un modelo autoritario es inminente. Así lo indica el discurso y las acciones del oficialismo. La transformación institucional que esto implica, involucra la mutación de los cuerpos de seguridad a entidades represivas, dedicadas a la persecución de disidentes y críticos que representan un obstáculo para los objetivos oficialistas. Justificar, aceptar, pedir, defender o ignorar la formación de grupos de exterminio al interior de la Policía, además de las complicaciones en materia de seguridad que esto conllevará en el futuro cercano, también facilitará las condiciones para que el aparato de seguridad se transforme en una policía política.
*Criminólogo
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