El Juez de Paz de San José Villanueva, La Libertad, ordenó ayer prisión provisional para seis policías del Grupo de Reacción Policial (GRP) vinculados al homicidio de Dennis Alexander Hernández, empleado de la finca San Blas, de dicho municipio.
La víctima fue ultimada junto con siete integrantes de la Mara Salvatrucha, el 26 de marzo de 2015.
Los agentes llegaron al lugar y se enfrentaron a balazos con los delincuentes, quienes estaban planificando fechorías.
El Ministerio Público no ha procesado a los agentes por las muertes de los pandilleros, solo por la de Hernández.
Empleados de la Oficina de Comunicaciones de los Juzgados informaron que por este caso se giraron órdenes de captura contra nueve policías. Mientras que la semana pasada, la Fiscalía informó que los imputados eran siete.
En la diligencia judicial de ayer estuvieron presentes seis agentes: cuatro que fueron aprehendidos la semana pasada y dos que acudieron voluntariamente.
El juez ordenó que los tres restantes fueran capturados.
Además, declaró la reserva total del caso (prohibición para hablar del proceso) en respuesta a una solicitud hecha el lunes por la Fiscalía para resguardar a los demás policías que participaron en el procedimiento y que han acordado colaborar par a esclarecer los hechos.
El proceso será llevado a cabo en el Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla. El juez dio tres meses al Ministiero Público para que documente y reuna las pruebas sobre el caso.
Las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Policía han defendido la actuación de los agentes del GRP porque, según la fuentes, seguían órdenes superiores y cumplían sus responsabilidades profesionales.
En contraste, la Fiscalía sostiene que Hernández fue ultimado por los policías pese a no tener ningún vínculo con pandillas ni antecedentes penales.
Más policías procesados
En San Miguel, el Juzgado Antimafia de Instrucción realizó audiencia contra seis policías e igual cantidad de civiles vinculados por la Fiscalía a un supuesto “grupo de exterminio” y acusados de agrupaciones ilícitas, conspiración, homicidio agravado y privación de libertad.
Entre los procesados hay un inspector, un subinspector, un cabo, tres agentes policiales y seis personas particulares, a quienes las autoridades vinculan a nueve asesinatos y una privación de libertad.
Los delitos fueron cometidos el presente año en la zona Oriental del país y para ello habrían tenido el apoyo financiero de personas que viven en el extranjero. El juzgado también decretó reserva total a este caso.