Con abundante prueba de la Fiscalía General de la República (FGR) en el proceso que enfrenta el exdirector del director del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), Leonel Flores, y su esposa, Denise Karina de Flores, ayer fue realizada la audiencia preparatoria contra ambos en la Cámara Segunda de lo Civil.
Ellos han sido demandados por el incremento patrimonial de $608 mil, el cual no pudieron justificar ante la sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Pero esta cantidad, según el fiscal de la Unidad de Anticorrupción, Andrés Amaya, podría aumentar luego que se realicen análisis financieros con auxilio judicial.
Parte de las pruebas que se ofrecieron en la audiencia fueron documentos de entidades bancarias con los que el Ministerio Público pretenderá comprobar que los movimientos en las cuentas abiertas por los procesados y el dinero contenidas en estas sobrepasa los gastos que realizaron en vehículos y otras adquisiciones.
Asimismo, la Fiscalía ha retomado entre sus pruebas dos publicaciones realizas por El Diario de Hoy. Uno de ellas relacionada con dos socios de la empresa Best Quality Service LCC, Manassas, Estados Unidos, que niegan conocer a Flores Sosa, cuando él había manifestado que trabajaba para dicho lugar y recibía ingresos mensuales adicionales por $12,419.
“Nosotros tenemos ya establecido que esa empresa ni lo conocía a él”, dijo Amaya antes de la audiencia.
Otra prueba con la que cuenta Fiscalía y se encuentra constatada en una publicación de diciembre 2015 de este medio, es la carta que Flores Sosa presentó ante la la Corte en la que supuestamente hace constar que trabajaba para la empresa estadounidense.
El documento, según las investigaciones, fue presentado en inglés y sin que fuese legalizado.
En pruebas testimoniales, la FGR ofreció el testimonio de tres empleados del ISSS, que supuestamente, recibieron dinero de Flores Sosa para depositarlo en diferentes cuentas bancarias.
La admisión de las pruebas presentadas ayer por el Ministerio Público y por la defensa de los procesados será conocida mañana por la mañana, para que luego se establezca la fecha de la audiencia de aportación de pruebas.
De comprobarse el supuesto incremento patrimonial, la Fiscalía ha pedido la inhabilitación del Flores Sosa de cualquier cargo público durante 10 años y que regrese al Estado el dinero.