En otra de las resoluciones que estaban pendientes, los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declararon anoche inconstitucional la emisión de los $900 millones en bonos por parte de la anterior legislatura, por no justificar el llamamiento de diputados suplentes para dicha votación y porque esto fue aprobado por representantes que no han sido electos por la población.
El argumento de los magistrados es que el decreto aprobado por la Asamblea Legislativa se violó exigencias constitucionales respecto del procedimiento de llamamiento de diputados suplentes, quienes además han quedado invalidados por parte del tribunal constitucional para la presente legislatura.
En consecuencia, la actual legislatura, según el comunicado de la Sala, solo podrá integrarse y funcionar con sus diputados propietarios.
Además, para que la próxima legislatura (2018-2021) tenga diputados suplentes, estos deberán surgir del voto directo del electorado.
“La persona considerada como diputado suplente no podrá suplir a un diputado propietario por carecer de legitimación popular, es decir, por no haber recibido el voto directo del electorado”, indica el documento emitido ayer.
El máximo tribunal también concluyó que para aprobar el decreto legislativo, el Congreso manipuló el quórum y que dicho órgano del Estado utilizó la figura del diputado suplente para alcanzar indebidamente la mayoría necesaria para decidir.
“Una diputada propietaria fue sustituida por un diputado suplente sin que se hubiere justificado ni documentado los motivos de la sustitución ni la imposibilidad de la diputada propietaria de continuar en la sesión. Y la omisión de expresar el motivo y justificarlo permite inferir que el motivo del cambio fue simplemente el de remover el obstáculo que impedía al pleno aprobar el decreto referido. En ese sentido, el uso de la figura del diputado suplente en la aprobación del decreto impugnado se hizo de forma fraudulenta”, dice la Sala, a través del comunicado oficial.
El 10 de junio de 2015, los magistrados admitieron la demanda de inconstitucionalidad contra el decreto legislativo que autorizaba la millonaria emisión de bonos, pues según el demandante, se “vulneró la exigencia constitucional que indica que un proyecto de ley desechado o no ratificado no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses.
Se debe recordar que en la última plenaria de la anterior legislatura, esta disposición solo logró 55 votos, uno menos del requerido por la ley para aprobar endeudamiento. Esto se debió a que la entonces diputada de GANA, Sandra Salgado, no acompañó con su voto el decreto de emisión, lo que implicaba que el dictamen se enviara a archivo.
Luego de esto, Salgado fue sustituida y minutos después de este revés, la actual presidenta de la Asamblea (entonces vicepresidenta), Lorena Peña, sometió a consideración el mismo decreto. El diputado suplente, Wilfredo Guevara, dio su voto y la emisión fue avalada con 56 votos.
Otro punto que el demandante René Alfonso Guevara, destacó en su petición fue que Guevara no era el suplente de la diputada Salgado, sino de Guillermo Gallegos, diputado de GANA y próximo presidente de la Asamblea a partir de noviembre.
A juicio del demandante, esto suponía un vicio, pues argumentaba que a pesar de ambos ser del mismo partido, este solo podría sustituir a su propietario y no a otro legislador de esta bancada.
La Sala también probó que, además de Guevara, votaron otros 19 diputados suplentes para dar vida al decreto de emisión de $900 millones.
Del FMLN fueron Rolando Mata, Nidia Díaz, Damián Alegría, Misael Mejía, Omar Cuéllar, Cristina Cornejo, Lucía Baires, Augusto Hernández e Ismael Recinos; de GANA: Ana Vilma de Cabrera, Melvin González, Adán Cortez, Rafael Morán y Ronal Rivas; del PCN: Ciro Alexis Zepeda, Rafael Jarquín y Vidal Carrillo, y por el partido PDC, Arnoldo Marín.
“El decreto fue aprobado con el voto de personas que carecen de legitimación democrática directa. Y como sus votos fueron indispensables para la aprobación del decreto en referencia, este es inconstitucional al haber vulnerado la exigencia de la Constitución”, asegura la Sala.
La sentencia fue firmada por los magistrados Florentín Meléndez, Belarmino Jaime, Sidney Blanco y Eliseo Ortiz en sustitución de Oscar Pineda, presidente de la CSJ.
En reacción a esta sentencia, Lorena Peña dijo que los mismos magistrados fueron electos con 13 diputados suplentes y que la Sala solo busca desestabilizar.
Según el Ministerio Hacienda, los fondos de la emisión servirían para pagar Letras del Tesoro (Letes, deuda a corto plazo) por $484.2 millones, devolver impuestos por $185 millones, sufragar provisiones y previsiones por $61.7 millones, y bienes y servicios por $46.7 millones.
El Estado también tenía demandas extrapresupuestarias por $121.2 millones, de los cuales serían destinados para seguridad y remuneraciones. Todo esto ha cambiado con este nuevo escenario.