Las sentencias emitidas ayer por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), respecto al cargo de 13 % a la energía eléctrica, la emisión de $900 millones en bonos e invalidación de diputados suplentes y además sobre la Ley de Amnistía, “son una oportunidad para que el Gobierno pueda reflexionar”, dijo el director de asuntos legales de ANEP, Javier Argueta.
De acuerdo con Argueta, las sentencias la sala no las ha tomado con los argumentos de demanda que han llegado, sino con su jurisprudencia y ha analizado las inconstitucionalidades en cada tema.
El director de estudios económicos de Fusades, Álvaro Trigueros señaló que ante estas cadenas de inconstitucionalidades, el Gobierno debe ver la oportunidad para ordenarse.
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“No sabemos que va a pasar hacía adelante, hacemos un llamado a la cordura y a tener apertura al diálogo”, indicó Trigueros.
Para el representante de la Fundación Nacional para el Desarrollo (Funde), Carlos Pérez, lo que el Gobierno debe ver más allá de las resoluciones, es que la sala no está en contra de financiar al estado, sino que está buscando de alguna forma “ordenar la casa”.
“El Gobierno está en un momento completamente indisciplinado… el desorden los hace entrar en desesperación… lo que la sala hace es evitar que se sigan con estas conductas anómalas”, reflexionó Pérez.
El Gobierno crítico ayer a través de un comunicado de prensa, que la sala “frenará el desarrollo energético de El Salvador” al aceptar la demanda interpuesta por el nuevo cargo de 13 % a la energía eléctrica.
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El máximo tribunal abrió un proceso al decreto 39, que mandaba a aplicar desde mañana el nuevo cargo a la energía eléctrica.
En este tema el representante de Fusades, señaló que con el comunicado del Gobierno se demuestra lo que no quieren admitir que es un “impuesto disfrazado”, y que los problemas que tiene la CEL desde marzo han llevado a que no tengan dinero para pagar subsidios.